Durante los momentos más duros de Andrés Manuel López Obrador, en las derrotas de 2006 y 2012, desahuciado por su partido, por los medios y por buena parte de la sociedad mexicana por su terca resistencia ante los reveses electorales, sólo un pequeño grupo permaneció a su lado. Entre ellos, estaba un empresario de Baja California, que puso al servicio del entonces eterno candidato toda la artillería de radios, televisiones abiertas y por cable de su emporio mediático, líder en el estado norteño. Con el tiempo, aquel empresario se terminó convirtiendo en candidato de Morena y este verano arrasó en las elecciones regionales. Es Jaime Bonilla, el hombre que ha catapultado a López Obrador en un Estado dominado durante décadas por la derecha, pero que ahora está provocando una vía de agua en el partido por su polémica apuesta de extender el mandato.

La decisión de ampliar de dos a cinco años su permanencia en el cargo, que ha supuesto una reforma legislativa de urgencia y una consulta plebiscitaria con una participación de poco más de 50.000 personas en un estado de más de 3 millones de habitantes, tiene enfrente un gigante muro institucional. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) admitió a trámite la semana pasada cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por el resto de partidos. Mientras que el Instituto Nacional Electoral ha anunciado una campaña “para salvaguardar la democracia” coronada por otro recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Dentro de Morena, Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña presidencial, ha calificado la medida de “aberración” y el presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo llegó a proponer incluso la desaparición de poderes en el Estado norteño.

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