El presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por 60 países, reflexiona sobre la situación del país tras un año convulso
Hace un año, por estas fechas, Juan Guaidó (La Guaira, 36 años) era prácticamente un político desconocido incluso en Venezuela. Sabía, no obstante, que el 5 de enero sería elegido como presidente de la Asamblea Nacional y aquello desencadenaría una ola de acontecimientos que pondrían durante meses en jaque al Gobierno de Nicolás Maduro. El dirigente de Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López, se proclamó el 23 de enero presidente interino de Venezuela y como tal ha sido reconocido por más de 60 países, entre ellos España. Pese a que no se ha cumplido nada del mantra que repitió hasta la saciedad —cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres— Guaidó se muestra optimista durante la entrevista con EL PAÍS, más de una hora de charla en su despacho del edificio que ha convertido en una suerte de sede presidencial. Ha dedicado toda la mañana —y todo diciembre, explica— a reunirse con distintos sectores para tratar de ampliar sus apoyos. Cuando termina la conversación, se despide con una sonrisa y advierte: “Ya verá, va a ser otro año bien interesante, muy movido”.
Pregunta. ¿Me puede definir este 2019 en una palabra?
Respuesta. Lucha, insurgencia pudiéramos decir. Veníamos de un 2018 inexistente e insurgió un movimiento que pone en jaque en repetidas ocasiones a una dictadura.
P. Mucha gente siente que también ha sido un fracaso.
R. Frustración no es lo mismo que resignación.
P. Digo fracaso, no frustración.
R. Bueno, pero es que, ¿cuál es la medida? ¿cuál es la variable? Si es que Maduro está en Miraflores, es una variable absurda para entrar a analizar 2019, cuando veníamos de unas expectativas de menos diez. Si esa es la variable, no solamente sería injusto para mí, sino para la sociedad venezolana, que ha resistido los embates, que mantuvo una movilización, una visibilización de la crisis, que tuvo una ratificación con el informe de la delegación de derechos humanos de Michelle Bachelet.
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