En el papel, la intención de la bien llamada contrarreforma educativa es loable. Se establece la existencia de la “Nueva Escuela Mexicana (NEM)” que será “democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural, de excelencia”, a lo cual nadie podría oponerse. Pero he aquí que para lograr tan elevados objetivos se recurre a una serie de figuras bastante cuestionables que parecían erradicadas por la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto.

Vayamos por partes. La primera ley secundaria aprobada por la Cámara de Diputados, la Ley General de Educación, contempla la abrogación de la Ley de la Infraestructura Física Educativa y que los recursos que eran entregados al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), ahora se entregarán directamente a los comités de maestros y padres de familia en las escuelas. Los que estarán a cargo de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de escuelas serán autoridades educativas locales y los comités mencionados. Sin embargo, esta nueva ley no establece un criterio para el otorgamiento de los recursos y tampoco detalla si deben ser asesorados por algún especialista.

Por lo que hace a la segunda ley secundaria, la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero de la Constitución Política en materia de Mejora Continua de la Educación, ésta contempla la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la creación de un nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua, que tendrá como atribuciones realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas.

La más controversial de las leyes secundarias aprobadas es sin duda la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que establece que la SEP instalará una mesa de diálogo entre las autoridades educativas locales y los sindicatos de profesores para asignar las plazas docentes. Ésta es la disposición que devuelve a la CNTE y al SNTE, así como a los gobiernos federal y estatal el control sobre las plazas.

En esta misma ley se eliminan los exámenes de diagnóstico para acceder a una plaza y mantenerse en ella, y se da preferencia a los egresados de escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio para tener una plaza en el Servicio Público Educativo.

Pero aún más. En su artículo décimo este ordenamiento establece la posibilidad de otorgar la plaza de maestro a una persona que ostente una plaza sin tener título de profesor, como sería el caso de quienes heredaron o compraron una plaza. Esto redundará en una basificación masiva de personas que carecen de la formación profesional, a cambio de contar con una antigüedad mínima de ¡seis meses!

Si algo se criticó a la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto fue que se trató de una reforma laboral que pretendió resolver problemas sindicales y económicos, antes que verdaderamente educativos. Si algo se puede señalar de la bien llamada contrarreforma de AMLO es que devuelve a la CNTE y al SNTE el control sobre las plazas y otorga el pase automático a normalistas. Y nada de esto parece abonar en el aumento de la calidad educativa.

Ni en una ni en otra los niños y jóvenes parecen ser el centro de su preocupación.