Rosario Robles continúa hundiéndose. En agosto, la Justicia mexicana envió a prisión con carácter preventivo a la exministra de Peña Nieto por su implicación en una mega trama de corrupción perpetrada durante los años del Gobierno anterior y que rondaría 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares). Ya desde la cárcel, la veterana priista (63 años) ha recibido este miércoles otro castigo, la inhabilitación de ejercer cualquier cargo público durante 10 años por haber falseado su declaración patrimonial.

La secretaría de la Función Pública no especifica a qué bienes ni a qué cuantías se refiere dentro de la hoja de servicios de Robles y se limita a señalar en un comunicado que la sanción administrativa se debe a la “falta de veracidad en la declaración patrimonial”. Se acumulan en todo caso los cargos sobre Robles, que con su caída se erige cada vez más como el símbolo de la cruzada del gobierno de López Obrador contra los escándalos de corrupción del anterior ejecutivo. El otro nombre en la diana es el exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilo Lozoya, imputado por una ramificación del caso Odebrecht y prófugo desde hace meses.

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