Las medidas de austeridad del Gobierno Federal pueden detonar una crisis humanitaria de proporciones insospechadas en el campo mexicano donde reside el mayor porcentaje de la población en extrema pobreza y que ya acumula un rezago de más de 30 años en el acceso a los servicios de salud.

La reducción presupuestal de más del 50% en el Programa IMSS-Bienestar que ofrece servicios de salud a población que no cuenta con seguridad social, especialmente en zonas alejadas o de difícil acceso y la disminución en el mismo porcentaje de las becas para pasantes de servicio social que son quienes, en su mayoría, atienden a los campesinos y sus familias, aunado al desabasto de medicamentos en clínicas rurales, pone en riesgo la salud de millones de mexicanos que viven en el campo.

Al despojo y la privatización de la tierra y el territorio, la desregulación económica que favorece a los grandes propietarios y a las corporaciones agroindustriales transnacionales, así como la extracción acelerada de sus recursos naturales la población rural enfrenta hoy la amenaza de ver cancelado su derecho humano a la salud y, por un malentendido ahorro en las finanzas públicas está en el umbral de ser abandonado a su suerte.

En tres décadas el campo acumuló rezagos en la atención a infecciones comunes, padecimientos relacionados con la reproducción y enfermedades asociadas a la desnutrición que se concentraron en comunidades rurales dispersas.

Las condiciones de salud para la población del campo se concentran en datos de muertes que se convierten en frías estadísticas. El riesgo de morir por diarrea en el área rural para la población general es tres veces mayor que en las zonas urbanas y la posibilidad de que un niño menor de 5 años fallezca es 1.3 veces más alto en el campo que en el medio urbano. La desnutrición es 2.4 veces más frecuente en el campo que en las ciudades y las muertes maternas en áreas rurales son casi tres veces más comunes.

 “La pobreza extrema es la enfermedad mortal más cruel del mundo y la mayor causa de sufrimiento en la tierra”, se lee en un Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que la pobreza está profundamente vinculada con la salud de las personas.

En las localidades rurales, donde la incidencia de la pobreza de ingresos es relativamente mayor en relación con la de las zonas urbanas, más de cinco millones y medio de personas se encuentran sin cobertura del Seguro Popular.

El sistema público de salud presenta un problema ‘crónico’ de iniquidad que produce desigualdad de trato para quienes viven en condición de pobreza, especialmente para la población campesina e indígena y para quienes viven en zonas rurales de alto rezago social.

El origen del problema está en que mientras en las décadas de los gobiernos priistas hubo un control centralizado de la política social, en la Cuarta Transformación hay una estrategia de ahorro de recursos que impactan en la cobertura y la calidad de la atención y mientras todos los reflectores están en la lucha anticorrupción, casi nadie voltea a la emergencia nacional que representa la cancelación de servicios de salud básicos para la población rural.

 

 

*Secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC).