La familia Dos Santos iba el domingo pasado a una fiesta para festejar la inminente llegada de un bebé cuando su coche fue baleado por el Ejército en Río de Janeiro, en una barriada pobre llamada Guadalupe. Nada menos que 80 tiros dispararon los soldados, que mataron al conductor. Se llamaba Evaldo dos Santos. Tenía 51 años. Era músico y guardia de seguridad. Su esposa, su hijo de siete años, su hijastra y su suegro sobrevivieron aunque el último resultó herido. El Ejército asegura que confundió el automóvil de esta familia negra con el de dos criminales que les habían disparado antes. “Es un coche familiar”, gritaron los vecinos en un intento de advertir del error. El suceso ha reavivado varios debates en Brasil: sobre los riesgos de la militarización de la seguridad, la impunidad de la policía (5.000 de las 64.000 muertes violentas de 2017 ocurrieron en operaciones policiales), sobre el racismo…

El presidente, que ha enviado al Parlamento una ley que pretende exculpar a los policías que “por miedo o sorpresa” maten a un criminal, evitó referirse al asunto hasta que el viernes la prensa le preguntó. “El Ejército es del pueblo y el pueblo no puede ser acusado de asesinato. En el Ejército siempre hay un responsable”, respondió antes de recalcar su confianza en la investigación interna.

Diez de los 12 agentes implicados en el suceso fueron detenidos días después por inconsistencias entre lo inicialmente declarado y los hechos probados. Están acusados de incumplir las normas para abrir fuego. El asunto está siendo investigado y será juzgado por la Justicia militar, lo que preocupa a organizaciones de defensa de derechos humanos.

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