La violencia en México alcanzó durante 2018 niveles históricos. Las cifras de asesinatos se equiparan a las de zonas de guerra y, si se mantiene esta tendencia, 2019 podría ser considerado el año más sangriento, advierten especialistas.

Para enfrentar los altos índices de criminalidad que amenazan la seguridad nacional y ponen en riesgo la gobernabilidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso la creación de una Guardia Nacional con un mando civil, pero una estructura militar y una estrategia de la que se esperan mejores resultados a los obtenidos por una política fallida en los últimos 12 años, que dejó como saldo más de un cuarto de millón de muertos y más de cuarenta mil desaparecidos.

Las disputas por el control territorial de grupos delincuenciales que se viven en las zonas urbanas también llegaron a las zonas rurales del país, en donde la extorsión, el robo y el secuestro llevan a familias enteras a abandonar sus tierras por la inseguridad.

Hasta la fecha no se ha documentado el número de campesinos e indígenas que han migrado hacia espacios más seguros. Pero el desplazamiento no es la única consecuencia que dejó el crimen organizado: sujetos de apoyo de algún recurso federal de los programas sociales son víctimas de grupos de la delincuencia organizada, sobre todo en las comunidades rurales más alejadas donde no llegan ni los servidores de la nación.

El abandono del campo por parte del gobierno federal, en los últimos 30 años, le abrió la puerta al crimen organizado en el sector y la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha dañado la producción, la productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria en una magnitud que aún no se cuantifica.

La inseguridad es uno de los problemas que se agregaron a la lista de dificultades para el desarrollo rural de acuerdo con la última Encuesta Nacional Agropecuaria hecha en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En ella 1 de cada 4 encuestados afirmó haber tenido que lidiar con delincuentes en ese año agrícola, es decir, una cuarta parte del total.

Por la inseguridad y la violencia en zonas rurales del país, en siete años se perdieron 475,000 hectáreas de superficie, equivalente a 67,000 campos de futbol al año, de acuerdo con el registro 2014 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

En México, los índices de violencia más elevados se registran también en algunas de las zonas con los más altos índices de pobreza, desigualdad y marginación. La falta de recursos económicos, suele ser un obstáculo más para el acceso a la justicia. A lo anterior se suma la corrupción y la impunidad que han permitido a los grupos criminales establecer estructuras de poder paralelas, actuando coludidas con las autoridades.

En este escenario de inseguridad y violencia, que tiene en jaque a la población campesina, no existe una fórmula mágica o única, pero la Guardia Nacional puede ser el punto de partida para combatir a la delincuencia organizada sin daños colaterales porque, decía Zapata, la importancia de la justicia es que no haya abusos. Los campesinos de México ya han tolerado demasiados.