El partido de Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a enseñar su poderío político. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que cuenta con mayoría en el Congreso, sacó adelante la noche del martes en la cámara baja una reforma constitucional que suma nueve delitos al catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva automática. La reforma había sido aprobada en diciembre por el Senado, pero había sido debatida desde entonces por al menos 70 expertos que desfilaron ante el Parlamento para exponer sus observaciones a un dictamen que establece la medida cautelar de forma obligatoria para los delitos de corrupción, el uso de programas sociales con fines electorales y el robo de combustible, entre otros.

“Restablecer la paz social”. Esa ha sido la consigna del Gobierno de Morena para promover la reforma del artículo 19 de la Constitución tras seis horas de intenso debate en la cámara de diputados. El oficialismo justificó la propuesta en la necesidad de brindar al Ministerio Público herramientas para combatir el crimen. La oposición, junto con varias organizaciones como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido crítica con la modificación porque creen que esta puede violar la presunción de inocencia.

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