El Gobierno mexicano ha defendido este martes su política de contención frente al fenómeno migratorio, tras la detención de 371 centroamericanos que se dirigían hacia Estados Unidos. El episodio confirma el endurecimiento de la postura de la Administración y el giro respecto a la política de puertas abiertas anunciada a principios de año. Pese a las críticas de ciertas organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la necesidad de "regular" el flujo creciente de personas que atraviesa el país hacia el vecino del norte -unos 300.000 en los últimos tres meses, según datos oficiales-. "No queremos que tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad", ha dicho esta mañana en rueda de prensa el presidente.

Agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM), el organismo encargado de gestionar las entradas, acorralaron el lunes por la tarde a una caravana integrada por unos 3.000 migrantes irregulares, en su mayoría hondureños, mientras marchaba por la carretera en el municipio de Pijijiapan, en el Estado de Chiapas, al sur del país. Algunas personas intentaron escapar monte a través, en tanto que otras fueron obligadas a montarse en autobuses oficiales. Los detenidos, entre los que hay niños, han sido trasladados a centros de internamiento en la ciudad fronteriza de Tapachula mientras se "regulariza" su estancia.

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