El robo de combustible era un negocio a gran escala en México. Es lo que se desprende de las cifras presentadas este jueves por el Gobierno. En apenas mes y medio, las autoridades han bloqueado las cuentas de 42 empresas, detenido a más de 400 personas, e iniciado 1.831 carpetas de investigación. Todo esto en el marco de la lucha que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido desde finales de diciembre contra este fenómeno delictivo, cuyo coste anual al erario público se cifra en más de 60.000 millones de pesos, unos 3.000 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de la Administración.

Entre las firmas que el Ejecutivo ha colocado en el punto de mira hay franquicias de Pemex, la empresa estatal de petróleo. La investigación llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señala que la mayoría de estas empresas están situadas en el Estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. Vendían combustible, pese a no reportar compras a la matriz desde 2016 o 2017. Es decir, la hipótesis es que vendían gasolina robada. Otras de las empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas reportaban operaciones que Hacienda ha considerado “relevantes o inusuales” —la alarma salta cuando se detectan depósitos en efectivo de más de 10.000 dólares o cuando el cliente desarrolla una actividad financiera fuera de lo normal—.

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