La firma de Andrés Manuel López Obrador en una carta de cinco folios se convirtió en una garantía para los congresistas de Estados Unidos. El presidente mexicano explicó por escrito, el 14 de octubre, a los legisladores estadounidenses los pasos que México dará para implementar la nueva reforma laboral. No escatimó en detalles porque su objetivo era convencerlos de agilizar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (TMEC). En el último mes, el Gobierno mexicano ha movilizado toda su influencia en Washington para conseguir que el acuerdo comercial atraviese los pasillos del Capitolio antes de terminar el año. La misión parece improbable.

El empuje a contrarreloj del Gobierno mexicano ha sido extraordinario. Incluso el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aseguró la semana pasada en términos culinarios que la votación del tratado está “a punto de turrón”. La afirmación viene después de que los congresistas demócratas —líderes de la mayoría en la Cámara de Representantes y los encargados de llevar los temas a votación— objetaron sobre la capacidad de México para cumplir con los puntos relacionados a los derechos laborales en el acuerdo. La duda, desahogada en la carta de López Obrador, se convirtió en un plan a cuatro años para cambiar el panorama laboral en México.

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