El gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, fue tajante al señalar que "no hay razón" para que el secretario de gobierno, Aarón Pérez Carro, se separe de su cargo por la investigación del caso Ayotzinapa que lleva la Fiscalía General de la República (FGR), y por la que el funcionario será investigado.

Recordar que la FGR presentará recursos legales contra Pérez Carro, por "incumplir con su responsabilidad" en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que ha permitido la liberación de 53 de 142 detenidos vinculados al crimen organizado, tal como lo anunció Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría del Gobierno Federal.

Por esa situación, integrantes del Consejo Agrario Permanente (CAP), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y legisladores locales del Partido Acción Nacional (PAN) se han pronunciado porque el secretario de gobierno se separe del cargo para que sea transparente la investigación e incluso, han solicitado que no intervenga el mandatario estatal.

Ante eso, Mena Rodríguez, dijo que el secretario de gobierno "respondió públicamente, hubo un comunicado, voy a pedir que se los pasen, como todas las personas y no sólo en este caso que es de profundo dolor (él) está en plena disposición de seguir colaborando en lo que sea necesario con todos los trabajos de carácter legal".

Ante la pregunta de si será separado del cargo, el gobernador dijo que "no hay una razón para que se separe del cargo, es un funcionario que cumple con sus responsabilidades en todo sentido y en regla totalmente".

Hace 15 días, Pérez Carronemitió un comunicado en el que manifestó “su profunda indignación por la liberación de los implicados en el caso Ayotzinapa por un juez federal".

Señaló que todos los actos legales, incluyendo solicitudes de órdenes de aprehensión de los implicados, fueron solicitados por las oficinas responsables del caso en su primera etapa de investigación.

Aseguró estar en la total disposición de colaborar con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con la FGR para aclarar hechos, versiones e información de los procedimientos legales de la Oficina Investigadora del Caso, en su segunda etapa de investigación, en la cual intervino durante un breve periodo.