En entrevista, el ex director de la Policía Estatal Acreditable (PEA), Jorge López Pérez, quien fue detenido por el delito de secuestro exprés en 2015 y del cual fue exonerado, aseguró que el gobierno de Tlaxcala continúa sin cumplir con la totalidad de la recomendación que le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para resarcir los daños cometidos en su contra.

Por lo que solicitó la intervención del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para que le sean pagados los gastos que ha hecho por concepto de atención médica que debe recibir por los actos de tortura a los que fue sometido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) y los cuales fueron comprobados por la CEDH.

Detalló que los gastos suman la cantidad de unos 135 mil pesos por los últimos 11 meses, a lo que se suman 38 mil pesos que debe erogar por un tratamiento que aún necesita, pues “el dictamen médico es que recibí lesiones de por vida”.

Recordó que el 29 de mayo pasado, la administración estatal, aceptó la recomendación 02/2018 emitida por la CEDH para resarcir los daños cometidos contra López Pérez y otros seis ex policías acreditables que también fueron detenidos y exonerados de ese delito.

Pero, señaló, que a prácticamente un año de ese hecho, el gobierno solamente ha cumplido con seis puntos de la recomendación, entre ellos una disculpa pública, pago por atención médica y de los salarios caídos desde el momento de su detención hasta que fue aceptada la recomendación de la CEDH.

“Pero aquí hay algo grave hacia mi persona, tiene 11 meses que no me han pagado los gastos médicos que hice por las lesiones que sufrí por la tortura que son 135 mil pesos aproximadamente”.

Añadió que aún no lo han bajado de la Plataforma México, por lo que no puede solicitar empleo, el cual necesita para mantener a su familia.

Reveló que en la Comisión de Atención a Víctimas le han dicho que el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Aarón Pérez Carro, no ha dado la instrucción para que cumplan puntos de la recomendación pendientes.

Tampoco han iniciado los procedimientos contra los comandantes que lo detuvieron de manera arbitraria y contra quienes lo torturaron, como lo establece la recomendación de la CEDH, por el contrario, a cuatro años de los hechos, le piden que haga un retrato hablado de esas personas, pese a que él las identificó plenamente por su nombre. Sin embargo, dichos agentes continúan laborando en la PGJE.

Indicó que en el despacho del gobernador le pidieron que presente la copia de la recomendación y de la aceptación de ésta para que le den seguimiento a su solicitud.