En la pizarra hay dos dibujos: el de un niño sonriente y el de un adulto enojado tachado con una cruz. El menor se llama Nacho, un salvadoreño de 15 años, y el otro es un funcionario del Gobierno de Estados Unidos. Steph, voluntaria de CAIR Coalition, una organización que vela por los derechos legales de los inmigrantes, le explica a varios grupos familiares qué hacer si la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) detiene a uno de sus hijos. Los oyentes provienen de Centroamérica o México y no tienen sus documentos en regla. A pesar de que la cita es un sábado por la mañana, con una sensación térmica de 43 grados, el centro municipal de Washington DC recibe a decenas de interesados. “Tenemos miedo, nos sentimos acosados”, confiesa una de las madres. Una semana atrás, Donald Trump había anunciado redadas masivas, de las cuales prácticamente no se supo más.

— “Si Nacho se come un pastel en el centro de detención y te pide que no lo cuentes, pero tu mamá te pregunta si sabes quién se lo comió ¿le dirías?”

— “Sí”, responde una niña mexicana de seis años.

— “No debes, no lo puede saber nadie, especialmente el Gobierno”, le explica Steph.

— “Pero las mamás siempre tienen que saber la verdad”.

— “Sí, salvo sobre lo que te cuentan en secreto tus amigos del centro de detención”.

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