La Asamblea Nacional venezolana lleva un mes y medio trabajando para sentar las bases legales del proceso de transición impulsado por Juan Guaidó. Desde el pasado 23 de enero, el Parlamento, controlado por las fuerzas opositoras, se ha reunido semanalmente para avalar sus decisiones, aprobar algunas leyes dirigidas a incrementar la presión contra Nicolás Maduro, hacer nombramientos y poner negro sobre blanco los lineamientos generales de la arquitectura normativa de esta etapa.

La actividad de la Cámara, presidida por el propio Guaidó, tiene efectos simbólicos. Está declarada en desacato por el chavismo, que legisla a través de una Asamblea Nacional Constituyente, de facto una extensión del Ejecutivo. No obstante, sus pasos son necesarios para legitimar el plan de la oposición. Esto es, la construcción de un aparato estatal alternativo al oficialista que cuenta con el respaldo de más de 50 países. Es, en la esencia, el resultado de sus sesiones.

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