El régimen de Nicolás Maduro dio este jueves un paso más allá en su intento de asfixiar a Juan Guaidó. Lo hizo por la vía administrativa, estrechándole el cerco y tratando de expulsarle de la política. La Contraloría General de Venezuela, organismo controlado por el chavismo encargado de fiscalizar las instituciones públicas, inhabilitó al presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 Gobiernos, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. El responsable de ese organismo, Elvis Amoroso, le acusa de falsear u ocultar su patrimonio. Guaidó no reconoció su decisión.

El aparato chavista lanzó ayer una nueva maniobra para intentar neutralizar el plan del presidente del Parlamento, inmerso desde hace dos meses en un complejo pulso por el control del poder con Maduro. El contralor —cargo equivalente al auditor general de la Administración— se refirió a Guaidó como “diputado en desacato” y anunció una medida similar a la adoptada en 2017 en contra del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski. Amoroso afirmó que Guaidó “ha usurpado funciones públicas y ha cometido acciones con Gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela” y que “ha ocultado información en sus declaraciones patrimoniales”, haciendo 91 viajes al exterior “que no es capaz de costear con su salario”. Además de inhabilitarlo, la Contraloría instó a la Fiscalía a que tome las acciones legales correspondientes.

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