En México existe la presunción de la inocencia, concepto multidimensional considerado como un principio y derecho humano tendiente a asistir al inculpado, en el que exige sea tratado y juzgado como inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad o responsabilidad mediante un juicio. Esto viene a colación debido a que el pasado 13 de agosto Rosario Robles, ex secretaria de la SEDATU  fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, además de que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, misma que deberá cumplir en el penal de Santa Martha Acatitla.

El caso de Rosario Robles ha tomado revuelo en la vida política nacional por diversos señalamientos, desde la tímida postura del PRI hasta la posición de MORENA donde sostienen que no se trata de una persecución política. Sin embargo el proceso contra la ex funcionaria comienza por mal camino desde el punto de vista jurídico, sobre todo cuando la legisladora de MORENA, Dolores Padierna Luna aceptó tener lazos familiares con el Juez encargado de llevar el caso:  Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Esto aunado a las declaraciones de la defensa de Robles (y documentada en los medios de comunicación) de la actuación protagónica del Juez.

Desde el movimiento campesino, se realizaron decenas de movilizaciones en las que se denunciaban circuitos de corrupción sofisticados que hacían de la SEDATU un semillero de corruptelas donde se beneficiaba a distintos actores, tanto políticos como económicos perjudicando entre otros a los campesinos.

Un claro ejemplo fue el caso de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX, donde funcionarios de dicha dependencia orquestaron un despojo de sus tierras a los auténticos poseedores y/o propietarios de los “Tlateles” o “El Moño”. Éste delito que significó incluso el pago de cientos de millones de pesos a personas que no contaban con ningún documento que acreditara la posesión o propiedad de la tierra, desencadenó una serie de movilizaciones de los campesinos de la CODUC y con el acompañamiento siempre fraterno y solidario del Frente Auténtico del Campo.

La historia de los “Tlateles” es de relevancia para los habitantes de Chimalhuacán, sobre todo porque al igual que Atenco se enfrentaban a la fuerza del Estado que encaminaba todo su poder para despojar las tierras que habían adquirido hace más de 90 años, como constaba en la documentación, incluso, tierras que en varios casos fueron pagadas en “moneda oro”

Después de encontrar la ruta de corrupción cuyo punto final culminaba en la SEDATU, se luchó por obtener la información que determinara las cantidades y personas a las que se habían hecho los pagos, encontrando, por absurdo que parezca, a funcionarios que emitían cheques que ellos mismos recibían. Por esa razón, los “Tlateles” tuvieron la capacidad de paralizar las obras del NAICM en dos ocasiones lo que generó que se instalaran mesas de diálogo que permitieron darle una salida al conflicto. Empero, esta lucha sigue vigente, falta que la Cuarta Transformación de AMLO haga justicia a los “Tlateles” y les reconozca sus tierras pues siguen siendo ellos los auténticos propietarios y merecen el reconocimiento por parte del Estado.

Este movimiento ha señalado desde sus orígenes, la corrupción imperante que afecta a todos, eso incluye a los campesinos del país. No se pretende en estas lineas señalar si, Rosario Robles es, o no, culpable. Sino evidenciar que desde su responsabilidad como titular de la SEDATU, se cometieron atrocidades en contra de los que menos tienen, si esas corruptelas no las sabía Rosario Robles, entonces ¿quién tenía el control de la SEDATU, ella que está en prisión preventiva o quienes gozan de absoluta libertad en alguna parte del extranjero?

*Secretario General de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas. (CODUC)