Cuando el Congreso aprobó la creación de una figura que fungiría como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos estatales, varias voces advertimos el riesgo de que estos “superdelegados” se convirtieran en los nuevos operadores electorales con el uso clientelar de los programas sociales.

El tiempo nos ha dado la razón y los ejemplos sobran. Los delegados federales en los estados forman parte de la estructura de la Secretaría del Bienestar y tienen el control presupuestal de los programas sociales y la lista de beneficiarios de éstos.

En su desconocimiento de la realidad y desde su ineptitud, estos seudo servidores, que rompen el esquema del federalismo, garantizado en la Constitución de 1917, se han dedicado a denostar la organización de ejidos y comunidades para impulsar la individualización de los apoyos que, se ha visto a lo largo de la historia, sólo genera un asistencialismo denigrante que fractura y divide a ejidos y comunidades rurales.

A diferencia de nuestro principal socio comercial y de otros países europeos, en los que se fortalece la organización económica de grupos marginados para generar condiciones que les permitan superar la pobreza, los superdelegados, sin ninguna visión social, actúan como capataces de hacienda que deciden, en función de consideraciones políticas, quienes sí y quienes no son beneficiarios de los apoyos del gobierno.

Los 32 superdelegados nombrados por el presidente López Obrador, dadas las extraordinarias facultades conferidas, no sólo están en un inmoral y perverso conflicto de interés al utilizar recursos públicos para apuntalar aspiraciones políticas futuras, sino que violentan el derecho de los campesinos a organizarse para la producción y mejorar sus ingresos.

Lo que se está generando a partir de la individualización de la entrega de recursos es asistencialismo; se están aplicando los programas sociales con un fin electorero para garantizar un voto cautivo y eso no ayuda a fortalecer el arraigo, la productividad y la rentabilidad de las actividades rurales.

En estos tiempos, cuando los campesinos no pueden entrar a sus tierras porque tienen que pedirle permiso a las empresas trasnacionales que se han convertido en los nuevos hacendados, la organización de los campesinos es fundamental para luchar por la reorientación de las políticas públicas y eso implica fortalecer programas que de verdad impulsen la economía, el empleo y el bienestar de la población campesina e indígena.

El gobierno federal tiene una visión y nosotros tenemos otra.  “Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, hay que optar por la justicia”, recomienda el presidente López Obrador y, al parecer, es la consigna con la que se conducen los superdelegados. Su apabullante poder político los lleva a ponerse por encima de las leyes sin que las organizaciones sociales tengamos claro cuáles son los juicios y los parámetros para determinar lo que es justo para los pobres del campo.

Nos esperan tiempos difíciles si la legalidad se hace a un lado y el Estado de derecho se desaira en aras de un concepto subjetivo de justicia. No es lo que queremos las organizaciones sociales del campo. Nuestro lema en ese sentido es claro. ¡Derechos por ley, fuerza por unión!