La Administración de Donald Trump anunció este lunes una medida con la que se endurece el cerco contra la economía de Cuba al permitir que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar a algunas empresas bajo control del Ejército o los servicios de inteligencia del régimen. En la práctica, significa que las empresas e inversores de terceros países quedan exentos de pleitos, pero la Administración deja abierta la puerta a seguir apretando las tuercas a la dictadura castrista por la misma vía, en un momento de alta tensión en la región a raíz de la crisis venezolana.

El proceso de “deshielo” iniciado por la Administración de Barack Obama con Cuba finalizó con la llegada de Trump a la Casa Blanca, que decidió limitar los viajes a la isla y prohibir las relaciones comerciales con el conglomerado de sus fuerzas armadas. El incremento de presión anunciado este lunes se articula a través del Título III de la conocida como ley Helms-Burton, que data de 1996, bajo el Gobierno del demócrata Bill Clinton. En teoría permite a los ciudadanos de origen cubano reclamar en los tribunales de Estados Unidos las propiedades que les fueron arrebatadas con motivo de la revolución hace más de medio siglo.

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