La ofensiva antiinmigración del Gobierno de Donald Trump apunta ahora a los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente o la ciudadanía. El Registro Federal ha publicado este lunes una nueva política que afecta a los inmigrantes legales que se beneficien de prestaciones públicas estadounidenses como el programa gratuito de salud Medicaid o los cupones de alimentos. La norma, que entrará en vigor dentro de dos meses, amplía la definición de “carga pública” para reducir los permisos de residencia legal o green card a quienes "dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades".

"Queremos que los individuos que vengan a este país sean autosuficientes", apuntó este lunes en una rueda de prensa Ken Cuccinelli, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés). La ley vigente ya exige que los inmigrantes que solicitan un estatus legal permanente demuestren que no son “una carga” para Estados Unidos. La definición de "carga" es aquellos que dependen principalmente de los programas de asistencia pública para vivir. Pero los nuevos estándares del Departamento de Seguridad Nacional, que entrarán en vigor a mediados de octubre, amplían el concepto a "un individuo que recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses”. Si alguien recibe dos ayudas durante un mes, contará como dos meses.

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