Era febrero del hoy lejano año 2012. Las campañas electorales entraban en una fase decisiva y las preferencias electorales se empezaban a inclinar por el abanderado del PRI, el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El candidato del llamado Frente Amplio Progresista, que incluía al PRD, PT y Movimiento Ciudadano, reiteraba algunas de sus ideas fundamentales rumbo al hipotético mandato que finalmente no cumpliría él, sino su contrincante priista. Y en un tema fundamental para la sociedad mexicana, externó su compromiso de sacar al Ejército de la lucha contra el crimen organizado y regresarlo a sus cuarteles en seis meses, en caso de llegar a la presidencia del país. Complementaba su propuesta con la implementación de un mando único, de corte civil.

En el año 2018, nuevamente como candidato a la presidencia, aunque ahora del nuevo partido Morena, más PT y PES, con el nombre de Juntos haremos historia, López Obrador repitió su propuesta de regresar al ejército a los cuarteles. No sólo eso: afirmó que no realizaría reformas constitucionales (como otros presidentes lo hicieron en su momento) y que acaso promovería solo una, para que el presidente pueda ser juzgado por corrupción.

Es cierto que pesaban en ese momento acusaciones contra el ejército por brutalidad y uso excesivo de la fuerza. Los nombres de Tlatlaya, Ayotzinapa y varios casos que en su momento han podido documentar los medios de comunicación nacionales y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, pesaban en el ánimo de la opinión pública. En el ánimo general había molestia en contra de los soldados. Era, pues, una excelente propuesta de campaña.

La realidad, en cambio, no siempre permite cumplir tales promesas. Aún antes de tomar posesión, el presidente pudo advertir que sacar al ejército de las calles no era una alternativa. Si otras propuestas de campaña como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se tambaleaban, la de sacar al ejército de la lucha contra el crimen cayó desde el primer momento. En su momento advirtió que dicha salida sería paulatina, acaso tan extensa como su sexenio.

Hoy es claro que esto no ocurrirá. La creación de la Guardia Nacional es una forma de oficializar la medida: el ejército será la policía antidelincuencia organizada. De acuerdo a la iniciativa ya aprobada, la Guardia Nacional tendrá un mando operativo militar bajo el control de una Junta de Jefes de Estado Mayor, integrado por los secretarios de Seguridad, Defensa Nacional y Marina Armada de México, y otro de carácter administrativo que será civil y este a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo que además implicó romper otra promesa: hubo que hacer ajustes a la Constitución para aprobar la propuesta.

El hecho de romper o no una promesa de campaña debe considerarse de menor importancia al beneficio que puede generar a la ciudadanía. ¿Esta Guardia Nacional es verdaderamente la solución para enfrentar con éxito al crimen organizado? ¿Hay diferencia entre ésta y la actual presencia del ejército en las calles? Éstas son las preguntas clave, al margen de saber si se cumplió o no la promesa electoral.