El terror se ceba en los barrios pobres de Venezuela. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional está en el punto de mira por tomarse la justicia por su mano: acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y una amplia lista de abusos. Los defensores de derechos humanos han alertado de que cualquiera, delincuente o inocente, puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de oficiales. Carmen Arroyo, de 52 años, afirma que el propósito de este escuadrón es mantener el control social. Su único hijo, el barbero Cristián Charris, fue asesinado por los policías en el barrio de Petare, al este de Caracas, en septiembre de 2018. “Ellos decían que había robado a otro oficial días antes, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso ocurrió. Más de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto”, argumenta. Pocos reconocieron a los oficiales, vestían de negro y usaban máscaras, tenían fusiles y sus vehículos carecían de placas.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escuchó esta historia y otras parecidas cuando estuvo en Venezuela, en junio pasado. “Hablé con la señora Bachelet. Ella se había reunido con el fiscal general, Tarek William Saab, que decía no tener denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero que nosotros le mostramos otra realidad”, recuerda Miriam Gamarra, madre de un joven asesinado por policías en el distrito capitalino de Las Adjuntas.

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