Dudas de parcialidad contra la impunidad del Gobierno de Peña

En México, en un país con 120 millones de habitantes, el azar permite coincidencias en los lugares más pequeños. Tan pequeños como un juzgado penal, por ejemplo. Una de estos afortunados encuentros ha tocado, de momento, el principal caso judicial contra la corrupción e impunidad en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este jueves se ha confirmado que el juez del caso Rosario Robles, una exsecretaria de Estado investigada por una presunta trama de corrupción que operó durante el mandato del priista Enrique Peña Nieto, es pariente de una senadora de Morena, el partido del presidente. Algunas voces, entre ellas la defensa de la política investigada por supuestamente permitir desvíos millonarios en dos ministerios a su cargo, consideran que el juzgador actuó con motivaciones políticas y personales.

El martes, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna vinculó a Robles a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El togado decretó también la prisión preventiva en contra de la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2012 y 2015, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de 2015 y hasta 2018. La decisión de dejar a Robles en prisión fue una medida cautelar motivada por el temor de que la exfuncionaria se fugara, como sucedió con el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien huyó del país para evitar comparecer frente al juez en un caso que se le sigue por un presunto fraude cometido cuando encabezaba la petrolera estatal. Delgadillo Padierna también lleva el caso contra Lozoya, aunque por ser un juez de control solo le corresponde vincular a un imputado a un proceso penal, pero no juzga ni sentencia.

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