Ortega impone una amnistía tras protestas en Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua —bajo el control del oficialista Frente Sandinista— aprobó este fin de semana una ley de amnistía que favorece a quienes hayan participado en las manifestaciones iniciadas en abril del año pasado y que fueron sofocadas con una brutal represión del régimen de Daniel Ortega que se saldó con al menos 325 muertos. El texto legal ordena a las autoridades cerrar todos los procesos abiertos contra centenares de opositores —señalados por supuestos delitos ligados al terrorismo— y liberar a quienes han sido apresados en el marco de las protestas, considerados presos políticos por el bloque político contrario a Ortega. Tras conocerse el nuevo reglamento, la opositora Alianza Cívica rechazó la amnistía, que considera una “ley de impunidad” para “proteger los crímenes” que se han cometido a través de las instituciones del Estado, estructuras partidarias y grupos paramilitares armados para sofocar las revueltas.

La ley fue aprobada con carácter de urgencia y es defendida por el oficialismo como un mecanismo de “reconciliación” en un país sumido en la peor crisis política y social desde el fin de la guerra civil de los años ochenta, que dejó decenas de miles de muertos. Tras su aprobación, este lunes fueron excarceladas 50 personas de las 233 aún apresadas por haber participado en las manifestaciones que exigen el fin del régimen sandinista. El reglamento, compuesto apenas de cuatro artículos, cubre todos los delitos políticos y comunes determinados por el régimen en el marco de las manifestaciones y advierte a los beneficiados de que deben “abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de delitos contemplados en la ley”.

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