O paga salarios o será sancionado: TET a edil de Hueyotlipan

Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) ordenó al presidente municipal de Hueyotlipan, Mauro León Garfías, y al tesorero del ayuntamiento, José Ángel Varela Hernández, pagar a presidentes de comunidad y regidores de esa comuna sus remuneraciones correspondientes a partir de la primera quincena de septiembre de este 2019 a la fecha, apercibidos que de no hacerlo se les impondrán medidas de apremio y correcciones disciplinarias establecidas en la Ley de Medios.

Los magistrados electorales recordaron a ambos funcionarios municipales que el incumplimiento de no pagar puede dar lugar a la inmediata separación del cargo, “sin perjuicio de quedar a disposición del Ministerio Público para la iniciación del procedimiento penal respectivo y la aplicación de las demás sanciones que correspondan conforme a las disposiciones aplicables”.

De hecho, precisaron que se considerará como incumplimiento “el retraso por medio de conductas evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite respectivo”.

Los magistrados también exhortaron al alcalde y al tesorero a que en lo sucesivo se abstengan de suspender, disminuir o retener cualquier remuneración o retribución a presidentes de comunidad y regidores, sin justificación y sin procedimiento previo ante la autoridad competente. Además, de manera particular, al presidente municipal se le vinculó de no vulnerar los derechos político-electorales a esos actores, en su vertiente al ejercicio del cargo que cada uno ocupa.

El pago deberán hacerlo las autoridades del ayuntamiento de Hueyotlipan dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que le sea notificada la resolución aprobada este jueves 14 de noviembre, y una vez cumplida la sentencia informarlo al TET a las 24 horas siguientes, remitiendo las documentales necesarias.

De acuerdo con expedientes en poder del TET, la omisión del pago a presidentes de comunidad y a regidores se realizó por decisión del presidente municipal con la única justificación de un supuesto incumplimiento de sus funciones, pero la determinación no emanó de ningún procedimiento legal seguido ante autoridad competente.