De 600 quejas por corrupción, sólo sancionan 32

El investigador Jason Alexis Camacho Pérez, dio a conocer que en Tlaxcala hay altos niveles de impunidad en cuanto al número de quejas por corrupción que son sancionadas por los órganos competentes.

Añadió que esos datos son de acuerdo con la densidad poblacional, pero además hay bajos niveles de profesionalismo en los servidores públicos que provocan decisiones arbitrarias y discrecionales y pocos canales para la participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción.

Jason Alexis Camacho, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conminó a las autoridades a ver esos factores como áreas de oportunidad para que en Tlaxcala se comience a trabajar la política pública para combatir la corrupción.

Camacho Pérez participó en el foro  “Política anticorrupción del estado de Tlaxcala”, que organizó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET) y que tuvo lugar en el Patio Vitral del Congreso local.

Indicó Tlaxcala no es un estado donde haya un alto índice de corrupción como resultado de su densidad poblacional, sin embargo, se encuentra entre los primeros 16 entidades con alto índice de corrupción en quejas, pues de alrededor de 600 quejas que se presentaron, sólo fueron sancionadas 32, de ahí que podría hablarse de casos de impunidad.

Aunado a esta situación, Tlaxcala no cuenta con un Servicio Profesional de Carrera, es decir no hay un esquema de recursos humanos que garantice el acceso por méritos al sector público, hay un reglamento pero no una ley.

El investigador dijo que también identificó que en Tlaxcala, los servicios públicos, desarrollo urbano, seguridad y contraloría no permiten la apertura a la participación ciudadana en muchos temas, “es decir, el gobierno no ha abierto espacios ni siquiera para discutir estos asuntos, pero estamos hablando de 2018 y creo que estamos a muy buen tiempo para abrir estos espacios”.

Advirtió que mucho se habla de política pública para combatir la corrupción, pero no existe en la práctica, "las políticas públicas son respuestas institucionales a problemas públicos, que son reconocidos por el gobierno, pero el gobierno no suele reconocer todos los problemas sean a nivel estatal o federal no ven este problema como público, sino que se hace público cuando llama la atención”.

Por su parte, el secretario ejecutivo del AET, Juan Caporal Flores destacó que la  participación ciudadana y el cumplimiento de la ley son esenciales para el combate a la corrupción, por lo que sostuvo que los mecanismos anticorrupción permiten sumar los esfuerzos aislados y realizar un trabajo coordinado de cara al combate de este flagelo social.