Actividad pesquera, siempre bajo el signo del asistencialismo por Marco Antonio Ortiz Salas

Al hablar de todos los ámbitos no pretendemos excluir a ninguno, sin embargo, los más preocupantes son los sectores productivos, y más aún, los productores de alimentos

No es una exageración si decimos que pareciera que el mundo se detuvo extrañamente desde el comienzo de la pandemia hasta ahora. Escuelas cerradas, parques vacíos, calles solas y los pasillos de centros comerciales sin actividad, bien podrían asemejarse a una escena de película apocalíptica. Qué decir de los hospitales abarrotados y las escenas de las familias desesperadas por encontrar atención médica para sus familiares. Sin embargo no es una película, es una realidad sumamente triste, el COVID-19 nos ha afectado a todos y en todos los ámbitos de la sociedad con una debacle sin precedentes. Las familias mexicanas, independientemente de su situación socioeconómica, hemos padecido carencias, para unos pocos de lujos y privilegios, pero, para una gran mayoría, como sucede históricamente en países de desigualdad como el nuestro, las carencias han sido hasta en lo más esencial: el alimento.

Al hablar de todos los ámbitos no pretendemos excluir a ninguno, sin embargo, los más preocupantes son los sectores productivos, y más aún, los productores de alimentos. Peor aún, los pequeños productores que de por sí, desde antes de la pandemia se enfrentan a los grandes acaparadores de este país. Tan grave es la situación que de no tomarse las medidas necesarias, tanto la producción agropecuaria como la pesquera corren el riesgo de paralizarse. Si este escenario se presentara ¿qué nos garantiza poder acceder a una vida digna? Este será el caso de miles de trabajadores del campo y acuícolas que dadas las repercusiones de la pandemia, no contarán con insumos para poder producir.

Por esta razón toman relevancia los trabajadores de la pesca en México, pues los apoyos económicos para sus embarcaciones, centros de almacenaje, transporte y todos los elementos que garantizan la cadena productiva, se han visto afectados. A parte de la pandemia, en honor a la verdad, también han sido las políticas públicas con el sello característico del asistencialismo, parte de la afectación que sufren, en especial los pescadores ribereños.

Si bien el Gobierno de López Obrador previendo este desastre económico, inició en el mes de mayo la dispersión de apoyos como el BIENPESCA que consiste en otorgar un apoyo económico directo a los pescadores ribereños, de aguas continentales, tripulantes de embarcaciones mayores y trabajadores operativos de Unidades de Producción Acuícolas; la entrega de este tipo de estímulos económicos puede parecer pertinente en estos momentos de crisis, sin embargo, las necesidades de las unidades productivas van más allá de una pequeña cantidad que está por debajo de las necesidades mínimas que se requieren para impulsar la pesca como principal producción, considerando la gran variedad de recursos acuáticos con los que cuenta la República Mexicana.

Como en otros casos relacionados con la producción agropecuaria, es incomprensible que para el sector pesquero se opte por un modelo paternalista por encima del impulso, desarrollo y consolidación productiva, sobre todo cuando la extensión de nuestras costas alcanza los 11,592.77 km², y una superficie de 357,795 km² de plataforma continental.

BIENPESCA puede ser un apoyo muy adecuado para las Unidades Productivas visto de manera simple, si es que coadyuva a la reactivación de su proceso productivo, especialmente si los recursos se entregan de manera personal y que no se desvíen mediante las prácticas de antaño que, por desgracia, persisten en la 4T. Todavía más adecuado resulta el hecho de que se promueva el programa de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica para Uso Acuícola, ya que la promoción de un descuento de hasta el 50% a las unidades de producción, así como las tarifas de estímulo representan un aliciente en la lastimada economía de los pescadores.

Si la actividad pesquera ha logrado contar con una producción histórica de más de 1 millón quinientas mil toneladas, ocupando el lugar número 16 a nivel mundial,  lo imperativo es trabajar y fortalecer políticas públicas en las que no únicamente se otorguen recursos como hasta ahora, favoreciendo al sector de manera paternalista, ya que en nada se contribuyen al desarrollo económico. Todo lo contrario, si se revisan a fondo, programas como BIENPESCA sólo generarán a la larga la desigualdad en los pescadores y, por ende, el debilitamiento de las relaciones comerciales. La actual administración, con la reiterada frase primero los pobres, pierde de vista que la necesidad de los productores ribereños va más allá de pequeños montos, es urgente revisar programas como lo era el subcomponente Modernización de embarcaciones menores adecuado para que aquellos pequeños acuicultores y pescadores, y que pudieran contar con lanchas en excelentes condiciones.

Ha sido histórico el abandono de los productores ribereños, ha privado el apoyo a los industriales del ramo, perdiendo de vista a cientos de familias que bien podrían abonar al ingreso nacional si se favorecieran programas para el desarrollo y que se les ayudara a contar con motores, cámaras de enfriamiento o con vehículos óptimos para el transporte de la pesca a los mercados mayoristas. Es decir, para fortalecer la cadena productiva y generar una economía sana para este sector.

Con acciones como las que se implementaron a partir del mes de mayo, nos lleva a pensar que la reflexión del Gobierno Federal sobre los pequeños productores es “si de todos modos les va ir mal, entonces estamos haciendo lo correcto para ayudar a los más pobres de este país para sacarlos del atraso y abandono que los gobierno neoliberales los mantuvieron” y, sin embargo, se están repitiendo los mismos esquemas.

Los apoyos a la actividad pesquera deben dejar en lo inmediato de basarse en el modelo neoliberal, continuar con ese rumbo sería caer en una visión simplista y cómoda que en nada ve por los más pobres; El gobierno de AMLO debe alejarse de las prácticas de antaño de las anteriores administraciones que han subestimado el potencial de esta actividad, que por cierto, más allá del discurso demagógico, no se ha querido reconocer como prioritaria. No se ha optado por reorientar la política pública como hemos insistido, desde una perspectiva del respeto a los derechos humanos de los pescadores en aras de erradicar la pobreza y sobre todo garantizando el derecho a la alimentación.

Los productores acuícolas de nuestro país no necesitan dádivas, lo que necesitan son acciones gubernamentales contundentes que contribuyan a que la cadena productiva se fortalezca con infraestructura, maquinarias, barcos, seguridad en las costas y reconocer que este sector es  prioritario para la economía del país.

POR MARCO ANTONIO ORTIZ SALAS

Secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, CODUC A.C.