Campo mexicano, el gran fracaso de López Obrador

Lo más destacable de su discurso era el viraje del modelo económico neoliberal y la sentencia de que, a partir de ganar la presidencia “ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos

Un 10 de Abril de 2018, Andrés Manuel López Obrador, como candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia” públicamente firmó un acuerdo en el que se comprometía a terminar con el menosprecio y abandono al campo, así como comenzar una nueva etapa de rescate al agro, a los campesinos y sobre todo a la actividad productiva. Lo más destacable de su discurso era el viraje del modelo  económico neoliberal y la sentencia de que, a partir de ganar la presidencia “ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos, vamos a producir en México todo lo que consumimos”. En su crítica (más que acertada) señalaba lo absurdo de que en nuestro país se importaban en ese entonces 14 millones de toneladas de maíz, alimento que es originario de México.

Acorde con las demandas históricas de organizaciones campesinas, el entonces candidato retomaba consignas de lucha agraria: erradicación de la política neoliberal, apoyo a pequeños productores, precios de garantía, combate a la corrupción, eliminación de intermediarios, además de diseñar una política pública tendiente a lograr la autosuficiencia y soberanía alimentaria.

Veinticinco meses despúes, los resultados en el campo son un fracaso. No solo se continúa con la política neoliberal impuesta desde el salinismo, sino que se ha incrementado el nivel de pobreza de los trabajadores agrícolas. El maíz importado, de acuerdo a cifras oficiales, se pronostica que aumentará a 18 millones de tonealdas en este 2020. Hasta el momento, sembrando vida como programa estrella de la 4T, resultó una nueva versión del programa “solidaridad” implementado por Salinas de Gortari. En esencia, no se cumple con el objetivo, por lo tanto resulta una política fallida. Los apoyos a pequeños productores “sin intermediarios” son inexistentes, salvo aquellos operados por dirigentes de MORENA. Resulta un disparate, por decir lo menos, el famoso censo de bienestar operado por el coordinador general de Programas para el Desarrollo quien aduce que “para encontrar las necesidades de México nos basamos en un principio metodológico: primero los pobres” Lo real es que ese ejercicio, carente de toda rigurosidad y metodología, está más cerca de una estructura electoral que de una política de identificación de las personas en situación vulnerable.

La situación del campo al día de hoy es compleja y con un escenario que se preveé todavía más catastrófico. Incluso desde la elaboración del presupuesto de egresos 2020, donde los recortes al sector se recrudecieron, beneficiando como es costumbre a los grandes empresarios y a las principales transnacionales. A eso hay que sumar la crisis que enfrentamos durante esta pandemia, cuyas repercusiones especialmente generarán una crisis alimentaria sin precedentes. En México los campesinos e indígenas se ven ya afectados y continuarán así en el corto y mediano plazo. Los sistemas alimentarios comienzan a resentir los efectos  del COVID-19, la capacidad de producción del pequeño productor está lastimada, la inestabilidad de los precios es latente, la oferta y la demanda sufren repercusiones diarias además de que disminuirá el poder adquisitivo de los mexicanos, eso sin considerar el decrecimiento económico anunciado antes de la pandemia.

El panorama no es alentador, por eso el gobierno de López Obrador no debe actuar bajo ocurrencias o cálculos electorales de su principal operador de los programas sociales. Es urgente una reorientación del gasto público que garantice el acceso a los alimentos durante la pandemia. El gobierno federal está obligado a implementar medidas urgentes que respalden la producción y la protección de los trabajadores agrícolas y comunidades indígenas. Es necesario crear un censo prioritario que ative programas de empleo temporal cuyo objetivo no solo se circusncriba a entregar apoyos económicos, sino que además genere una red de seguridad alimentaria coordinada por distintas dependencias en colaboración con los sectores organizados de la sociedad civil, misma que, por cierto, en el mismo discurso de aquel 10 de abril, Andrés Manuel pidió convocar para elaborar un plan tendiente a lograr la autosuficiencia alimentaria a través del hoy Secretario de la SADER, Victor Villalobos. Ya como presidente, no solo se desdijo, sino que además menospreció y descalificó la historia de lucha de las organizaciones campesinas.

Hoy estamos a tiempo de lograr un nuevo acuerdo nacional para el campo, una versión moderna y actual de aquel logro del movimiento campesino en 2004, acorde a la nueva realidad y a la nueva normalidad. No debe confundirse el Estado, la seguridad alimentaria no es sinónimo de soberanía alimentaria, si bien la primera es necesaria, la aspiración de millones de campesinos es lograr la soberanía alimentaria en México con todos sus preceptos.

El trabajador agrícola tiene la fuerza y la dignidad para sentarse al diálogo y trabajar en unidad, solo falta la voluntad del primer mandatario, de lo contrario, la política para el campo continuará en el fracaso.

Por Marco Antonio Ortiz Salas

Secretario General de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, CODUC A.C.