Desaparición forzada, un primer avance en la búsqueda de justicia y pacificación por Marco Antonio Ortiz Salas

Por decir lo menos, resulta alentador que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,después de más de una década en el congelador, haya decidido remitir a la Comisión Permanente la declaratoria en la que el Estado reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por este delito.

Hay que señalar con toda claridad que tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como el de su antecesor Felipe Calderón, rechazaron la intervención del Comité a pesar que desde 2006 se adoptó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este rechazo no tiene mejor explicación que la emanada de las políticas fallidas en la materia, así como la corrupción y el contubernio con el crimen organizados, lo que no la exime de rayar en lo inaudito cuando este instrumento contemplaba la atención a victimas y la reparación del daño. Incluso va más allá, se reconoce la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de los afectados, además del derecho a denunciar los hechos ante las autoridades para que examinen pronta e imparcialmente la queja, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la víctima y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación.

Ante este fenómeno que tiene la categoría de crimen de lesa humanidad, se debe agregar un dato por demás alarmante: al menos en nuestro país, se calcula que por temor a represalias de las propias autoridades, solo se denuncian dos de cada diez delitos relacionados con las desapariciones forzadas, lo que en consecuencia demuestra que las cifras con las que cuenta el gobierno federal están sumamente alejadas de las cifras reales.

De acuerdo con el informe especial de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tramo final del sexenio de Enrique Peña Nieto, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas eran las entidades donde se presentaban el mayor número de casos de desaparición forzada. Durante este periodo se contabilizaron 111 desapariciones, aunque la cifra negra considera que es más del doble de las que se denunciaron. Evidentemente destaca el triste caso de los jóvenes de Ayotzinapa cuya verdad “histórica” sigue siendo una gran mentira para la sociedad. Y qué decir en el sexenio de Felipe Calderón que hoy pretende regresar a la actividad política a través de la creación de un nuevo partido político. En su sexenio se vivió como nunca la desaparición forzada tras el anuncio de su guerra contra el narco cuyas consecuencias se siguen viviendo hasta hoy.

Por supuesto que el Gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador no está excento de estos crímenes, aunque es claro que son consecuencia de lo putrefacto del sistema y de la impunidad con la que se han conducido las administraciones desde la guerra sucia. Por esa razón toma relevancia que el Estado asuma su responsabilidad sobre estos hechos y que por fin se adopten medidas claras para hacer frente a estos sucesos. Si bien la iniciativa de AMLO es apenas el comienzo y se debe recorrer un largo camino para la pacificación del país y con ello la erradicación de delitos como la desaparición forzada, esta determinación abona a la esperanzas de los cientos de miles de mexicanos que han sufrido los estragos de la violencia.

El acierto del presidente en esta ocasión parte de un hecho muy sencillo, en el que por cierto, mucho tiene que ver la participación de Alejandro Encinas Rodríguez: Por un lado se reconoce la verdadera dimensión que abarca la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y por el otro se reconoce la participación del Estado por acción u omisión en la violación de los derechos humanos.

A ese acierto podemos circunscribirlo en la obligación del mandatario dadas sus facultades de garantizar la seguridad para sus gobernados, pero a quiénes se debe reconocer su labor es a la sociedad civil organizada, a todos aquellos que sufrieron las consecuencias de la guerra sucia en las décadas de los 60´s y 70´s. A los miles de muertos en los sexenios de Salinas y sus embates hacia la izquierda; a los muertos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, a quiénes a pesar del luto y el dolor por la pérdida de sus familiares o a pesar de no saber siquiera el destino de los desaparecidos, optaron por organizarse, por luchar, por hacerse escuchar. A todos ellos debiera ser el reconocimiento pero sobre todo la gratitud de la sociedad porque a pesar de la adversidad mantienen viva la esperanza de un México alejado de la violencia.

Hay mucho por hacer, hay muchas alternativas en las que se pueden coordinar trabajos tanto de la sociedad civil como de las instancias de gobierno y los organismos autónomos, se puede comenzar desde los niños y los jóvenes que han sido los más afectados por la violencia; puede ser el deporte o la cultura modelos clave, ya incluso hay iniciativas regionales con miras a generar espacios deportivos y culturales de convivencia lejos de los alcances del crimen organizado, un ejemplo claro en el Estado de Guerrero es la iniciativa de convertir un símbolo de la impunidad en un espacio de arte y cultura de talla internacional, pero en la siguiente ocasión platicaremos del tema.

PD. Hace tres semanas señalamos que con toda seguridad renunciaría Víctor Toledo a SEMARNAT. El hecho se consumó para agrado de Alfonso Romo, por lo que se vienen días terribles para el medio ambiente, así que al movimiento campesino, indígena y ambientalista nos queda mantenernos en pie de lucha.

POR MARCO ANTONIO ORTIZ SALAS

*SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.