Las reglas principios y espíritu del nuevo derecho a la elección consecutiva conviva con las reglas que prohíben y sancionan la intervención de servidores públicos

En los últimos treinta años las campañas electorales han sido pretexto para todo tipo de acciones, favorables en su mayoría para la clase política y no para la ciudadanía y ahora, a poco más de seis meses de que se desarrolle la elección del 2021 y la importancia que conlleva, resaltan los actores políticos que sucumben fácilmente a la tentación de realizar embelecos y triquiñuelas para poder aglutinar más electores o, cuando menos, llevar ventaja sobre otras opciones políticas, especialmente sobre las emanadas de la sociedad civil organizada.

Varios “mandos” de legisladores no pierden tiempo en esta etapa para diseñar trampas previas a la elección en la que se juegan varias cosas de suma importancia: la continuidad y consolidación del proyecto lópezobradorista con todo y sus visibles contrastes entre lo acertado y lo claramente ineficiente o, hasta el riesgo de la pérdida de registro de algunos partidos como el PRD, PT, PVEM y MC y el desdibujamiento del PRI y del PAN.

Desde el jueves de la semana pasada, estos jefes de San Lázaro han aprovechado el vacío en la normatividad, para empezar la carrera de relevos pero sin relevos, antes de que se dé el banderazo. O sea, hacen lo imposible mediante los vacíos jurídicos o las interpretaciones legales a conveniencia para iniciar las campañas de continuidad como legisladores sin perder sus copiosos honorarios, sus dietas y sus prerrogativas, es decir, lo que pocos candidatos a puestos de elección popular no obtendrán al estar en la contienda.

Para ser más claros: la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el pasado jueves 26 de noviembre, aprobó el posicionamiento de acuerdo de los órganos de gobierno, por el que se establecen disposiciones internas aplicables a diputadas y diputados federales que opten por la elección consecutiva en el proceso electoral 2020-2021. En este acuerdo se aprueba que los y las legisladoras que deseen “candidatearse” no tendrán que pedir licencia mientras estén en campaña, lo que implica que podrán continuar recibiendo sus prerrogativas, pago de dietas y apoyos económicos como todo legislador. ¡Vaya equidad en la contienda!

Cuando los y las legisladoras impulsan modificaciones en nuestra constitución se supone que es en beneficio de la ciudadanía, como elemento sustantivo para la vida en bienestar y el mejor crecimiento del país; como toda constitución, nuestra Carta Magna contiene los principios y objetivos de la nación y sobre todo enuncia nuestros derechos y libertades, así como las vías para hacerlos efectivos. En febrero de 2014, los y las diputadas, contribuyeron a la aceptación de la reforma sobre distintas disposiciones en materia electoral, entre ellas se introdujo la posibilidad de que se reelijan por periodo consecutivo hasta por cuatro ocasiones, bajo el argumento de que se podría llegar a contar con legisladores profesionalizados, dar continuidad a los proyectos legislativos y fortalecer las relaciones entre legislador y ciudadanía.

Cuestionamos desde el principio si esta reforma fue acertada y con un espíritu favorable, especialmente en un país plagado de cuotas políticas y más porque una buena mayoría de las y los diputados que actualmente están en funciones, poco aporte hacen al trabajo legislativo, ni a favor de la constitución ni mucho menos al de la ciudadanía. Quizá, aunque por el momento sólo sea en el papel, la reforma electoral de 2014 sería una manera de obligarlos a que rindan cuentas a su electorado y solicitar el referendo para repetir en el cargo por un periodo más, pero de entrada eso está muy alejado de la realidad.

Aquí el problema y la vergüenza está en que, hasta este mes de noviembre, las instituciones electorales, no han armonizado las normas jurídicas del sistema electoral, lo que en consecuencia derivó en que los diputados y las diputadas se dieran a la tarea de hacerlo y buscar que las reglas principios y espíritu del nuevo derecho a la elección consecutiva conviva con las reglas que prohíben y sancionan la intervención de servidores públicos en la arena electoral para resguardar los principios de neutralidad  y equidad en la contienda política. Según se lee en la gaceta legislativa.

Sin un marco legal secundario para las elecciones consecutivas, la Cámara de Diputados adopta un instrumento de régimen interno extremadamente laxo para contribuir a que la autoridad electoral regule con respeto sobre los principios constitucionales de equidad y uso imparcial de los recursos públicos, dejando en solo buenas intenciones los principios de equidad, parcialidad y neutralidad.  Los legisladores que deseen reelegirse contarán con ventaja económica y política pues seguirán percibiendo sus dietas económicas aunado a que permanecerán en la palestra de manera permanente. No tendrán necesidad alguna que pagar medios de información por ejemplo, si su labor les permite aparecer en los medios de manera natural.

En fin, insistimos en que es una verdadera vergüeza para el poder legislativo que haya quiénes opten por la reelección tan sólo como premios de consolación muy propios de nuestros sistema de partidos políticos. Lo inaudito es que se impulse desde una camada que “tras banderas” de Palacio Legislativo, no distingue de colores, proyectos, ideales o partidos, pero sí de canongías, privilegios y pagos de cuotas.

POR MARCO ANTONIO ORTIZ

*SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS,

URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.