Por supuesto que es de vital importancia la construcción de un nuevo aeropuerto internacional de la CDMX y por supuesto que el sitio original donde se llevaría a cabo estaba plagado de corrupción, absolutamente nadie duda que la administración de Peña Nieto hizo gala de los más atroces actos de corrupción y despojos desde el inicio de la construcción, además del atropello que significó a los derechos humanos de las comunidades aledañas. Sin embargo, la cancelación y la determinación de que se realizara dicha obra en Santa Lucía implicaba para esta administración, no cometer los errores del pasado pero el resultado hasta el momento ha sido todo lo contrario. Ya en la entrega anterior señalábamos que una de las principales fallas de la 4T es la opacidad en la que se realizan los grandes megaproyectos así como la minimización de los daños ambientales que conllevan dichas obras.

Por eso en el tema ambiental, desde el anuncio de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, señalamos cuando menos cuatro aspectos necesarios de tomar en cuenta por la SEMARNAT que de no revisarse a fondo, afectarían de manera significativa el medio ambiente. La destrucción del hábitat, aumento indiscriminado de gases de efecto invernadero, el exterminio de la zona lacustre y el deterioro de la calidad del aire fueron señalados como los principales causantes del deterioro ambiental que acompañaría la construcción del aeropuerto. Mención aparte merece el tema del agua pues se agudizará la escasez dado que Santa Lucía, se encuentra en el lecho del lago desecado de Xaltocan donde el cuerpo subterráneo Cuautitlán – Pachuca carece (según datos de CONAGUA) del volumen para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica, lo que condena a la desaparición de ese manto freático. No obstante lo anterior y a pesar de los esfuerzos de organizaciones ambientales, campesinas e indígenas por documentar las consecuencias de la obra, las autoridades hicieron caso omiso y optaron por continuar con la construcción, incluso soslayando en la crisis de salud originada por la pandemia.

El mismo escenario que prevalece en la construcción del Tren Maya se presenta con el nuevo aeropuerto, se atenta de manera vil contra los derechos humanos de las comunidades afectadas. Basta revisar brevemente la historia y tomar las referencias bibliográficas necesarias para reconocer que San Miguel Xaltocan es un pueblo histórico que desde antes de la conquista, ha librado enormes batallas por preservar su cultura e identidad, especialmente por la lucha en defensa de sus tierras que los ha llevado en distintos momentos a enfrentar duras batallas jurídicas. Una de las más recientes es la emprendida desde 1952 cuando se les expropiaron 412 hectáreas para la construcción de la base aérea de Santa Lucía.

En todas estas luchas la comunidad se ha organizado de distintas formas con el sólo objetivo de que el Estado regularice su situación a través del reconocimiento y titulación de los bienes comunales, sin embargo, como es una práctica común de las autoridades “agrarias”, mediante actos de corrupción y privilegios otorgados a unos cuántos, se ha negado la posibilidad de que la comunidad tenga certeza sobre la propiedad de la tierra. Incluso en varias administraciones y en ésta encabezada por AMLO, abogados corruptos, funcionarios cómplices y un sinnúmero de políticos rapaces, han utilizado una serie de artimañas legales con amparos de supuestos particulares para beneficiarse a costa de las tierras de los indígenas, en un intento por legalizar el despojo de las tierras que de manera ancestral pertenecen a la comunidad de Xaltocan.

Estamos frente a un vil despojo que pretende llevar a cabo la 4T a la comunidad indígena de Xaltocan y no lo podemos permitir, el Estado tiene la obligación de respetar la Constitución y los Convenios Internacionales de los que participa así como los Acuerdos de San Andrés, que por cierto a AMLO parecen no importarle en lo más mínimo. Es necesario demandar al presidente, a la SEMARNAT y a la SEDATU el pago justo por las 128 has. que pretenden despojar, además del cumplimiento inmediato de las obras de beneficio social comprometidas por el gobierno federal desde 2019. Este despojo se puede detener si tan sólo se cumpliera una de las principales demandas del pueblo de Xaltocan: establecer un mecanismo de diálogo democrático encabezado por la presidencia de la República, la SEGOB, SEDATU, SEMARNAT y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el que participe de manera abierta la comunidad. Por cierto, Adelfo Regino debiera tomar cartas en el asunto y pronunciarse contra el despojo que se denuncia, sin embargo el otrora asesor del EZLN, parece que prefiere mantenerse cómo funcionario, antes que reconocer que la 4T traiciona de manera reiterada a los indígenas de este país.

Los campesinos, ambientalistas, indígenas y demás colectivos mexicanos, reconocemos y acompañamos la lucha de quienes se han levantado para enfrentarse a un atentado más del lopezobradorismo a la cultura indígena, por esa razón celebramos que el Movimiento Social por la Tierra reivindique la lucha ancestral de los pobladores de San Miguel Xaltocan. AMLO debería saber que el horno no está para bollos, se está a tiempo de resolver los conflictos uno por uno, el aeropuerto del místico general Felipe Ángeles puede ser la muestra.

POR MARCO ANTONIO ORTIZ SALAS

SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.