La violencia contra las mujeres que se ha incrementado durante el confinamiento por Covid-19, se puede observar, entre otras cosas en el aumento de embarazos no deseados por violación sexual y en la falta de oportunidades y servicios para acceder a la interrupción legal del embarazo, lo que habla de violencia institucional.

La carencia de insumos y personal médico, así como la negación o tardanza de los servicios que solicitan las mujeres para acceder a la interrupción legal del embarazo en la entidad, es lo que están enfrentando varias féminas como parte de la violencia institucional de las que son víctimas.

La directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Tlaxcala, Rosario Texis Zúñiga, señaló que durante la pandemia han aumentado las solicitudes para acceder a una interrupción legal del embarazo, “hemos visto que, por ejemplo el hospital general de Tlaxcala, donde más se recibía a las mujeres para esta práctica y donde había médicos capacitados con la más alta experiencia y con los últimos avances tecnológicos, a partir de qué fue denominado hospital Covid-19, en ese servicio ya no está dando la atención”.

Indicó que sí se está brindando ese servicio en el Hospital de la mujer, pero “sí hemos tenido varias experiencias, justo esta semana una mujer solicitó la atención y no hay cánulas para la interrupción del embarazo de manera manual intraintrauterina, no hay medicamento ni para el dolor o para procedimientos específicos”.

“El pasado lunes tuvimos el caso con una usuaria a quien no le dieron la atención adecuada porque no había cánulas ni anestesia local, le ofrecían la anestesia general y eso no era necesario, hubo negatividad y falta de acceso y abasto a los medicamentos para la interrupción del embarazo, lo cual pone en riesgo la vida de las mujeres”, mencionó.

A esto se suma que, para la interrupción del embarazo por violencia sexual la situación es más difícil, “la semana pasada también tuvimos negación de servicios justo las mismas carencias, así fue con una chica de 15 años, con un embarazo de 18 semanas resultado de violencia sexual, y le dijeron que regresara en 15 días para ver si habría disponibilidad de los médicos”.

“Eso habla de una negación del servicio, porque si está en la semana 18 es un servicio esencial, le deben hacer el procedimiento inmediatamente, porque con dos semanas más se está hablando de la semana 20, lo cual requeriría de otro proceso y pone en riesgo la vida de la mujer”.

Es el caso de una adolescente de Atlangatepec, con 18 de embarazo buscó en internet métodos abortivos, se practicó uno que le provocó una hemorragia muy fuerte y estuvo casi a punto de perder la vida, sus familiares la hospitalizaron en una clínica particular donde no le hicieron la interrupción del embarazo y trataron de mantener al producto, pero ya no había mucho que hacer.

“La chica se acercó con nosotros, porque en los hospitales le dijeron que debía continuar el embarazo, porque la interrupción no era por alguna causal, pero ella no podía decir que su papá la había violado, ahí la causal no se investigó a fondo y la chica estuvo muy grave, estuvo casi 8 días en el hospital y la semana pasada se logró hacer la interrupción del embarazo con medicamento, pero que lo adquirió en la Ciudad de México”, detalló.

Señaló que sí hay servicios, pero también hay trabas para acceder a ellos, por lo que Ddeser recomienda a las usuarias que, durante el confinamiento hagan una interrupción del embarazo en casa a partir del uso de métodos de anticoncepción o medicamentos que sirven para tal efecto, pero siempre con acompañamiento de las expertas, para no poner en riesgo su vida.

Esto debido a que han tenido un aumento considerable de solicitudes para tales procedimientos, siendo el mes de mayo cuando más solicitudes para interrupción del embarazo hubo, “antes recibíamos a la semana entre 15 o 20 mujeres de manera semanal para solicitud de información sobre este tema que es uno de los prioritarios, pero en este momento recibimos hasta 30 solicitudes semanales”.

Eso indica que se duplicó en un 50 por ciento ese tipo de solicitudes, porque también hay aumento de la violencia sexual, antes del confinamiento, de los 20 casos o solicitudes que recibían, 5 eran de violencia sexual en una semana, pero en esta ocasión son aproximadamente 12 casos los que están atendiendo por violencia sexual.

Agregó que el aumento considerable, “ya lo esperábamos, pues tenemos casos que son parte del confinamiento, que quedaron embarazadas en ese lapso y otras que ya tienen casos muy avanzados porque no han podido salir a pedir auxilio o apoyo para una interrupción del embarazo.

Esa situación está poniendo en riesgo la vida de las mujeres, “por ejemplo detectamos casos muy avanzados de mujeres que pensaban que no iba a tardar tanto el confinamiento, se esperaron y ahora que ya buscan apoyo en la semana 18 o 20 dónde es mucho más complejo, porque sí se pone en riesgo su salud.

Rosario Téxis señaló que en la mayoría de esos casos las mujeres no quieren denunciar, porque los agresores fueron sus abuelos, sus padres o su propia pareja, es decir son muy cercanos y no quieren hacer una denuncia. En abril sólo una interpuso la denuncia y en mayo otro caso.

Agregó que, también el acceso a la denuncia es muy complicado en las instituciones correspondientes, la persona que denunció tardó unas 6 horas para que la atendieran y le hicieran el peritaje psicológico y médico, “fue muy tortuoso y cansado para esta mujer acceder a una denuncia, por lo que vemos que sí hay servicios, pero no los están dando de manera adecuada”.

De ahí que hace un llamado a las autoridades de la salud en el estado para que tengan un área de atención especializada, porque la interrupción del embarazo es un servicio esencial, “espero que el gobierno estatal y la Secretaría de salud hagan su papel y compra o garanticen que haya un surtimiento de los medicamentos que son esenciales, no sólo durante la pandemia sino después qué va a pasar con estas solicitudes, cómo las van a atender”.