El discurso de batalla implacable contra la corrupción y renovación radical de la clase política fue clave para que los brasileños dieran la victoria al hasta entonces irrelevante diputado Jair Bolsonaro. Por eso invitó al idolatrado juez Sergio Moro al Gobierno como ministro. Pero las vagas promesas electorales del ultraderechista en ese ámbito no se han concretado en avances en su primer año como presidente. Todo lo contrario. Los retrocesos por parte del Ejecutivo pero también del Poder Judicial y del Legislativo son de tal calibre que la OCDE envió una misión en noviembre.

Una de las decisiones brasileñas que más alarmó al club de países ricos fue tomada por el presidente del Tribunal Supremo en respuesta a un recurso del primogénito del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, investigado por malversación de fondos y blanqueo de dinero. El juez José Antonio Dias Toffoli limitó el uso en las investigaciones de información obtenida por el organismo público que lucha contra el lavado de dinero (la Coaf), un fallo que paralizó las pesquisas sobre el caso de Flavio y otros 900. “Tuvo un impacto sistémico, prácticamente paralizó el sistema de combate del blanqueo de dinero durante medio año”, explica en una entrevista Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil. La decisión del magistrado fue revocada por sus compañeros del Supremo a fin de año, cuando el pleno lo debatió.

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