Gente en los hospitales muere por falta de suministros, mientras los diputados se llevarían a sus bolsillos 150 millones de pesos producto de presuntos moches del 30% que le quitarían a los ayuntamientos por concepto de obra pública, mientras por otro lado los magistrados se embolsan 10 millones de pesos, de los cuales cada uno le tocaron casi 100 mil pesos.

La gente todos los días se queja de la mala atención en los hospitales e incluso de la muerte de los pacientes porque no hay recurso para comprar los cuadros básicos de medicamentos, material  quirurgico o para médicos  especialistas, pero sí hay dinero para que el presidente  del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Antonio de Jesús Jiménez otorgue a los magistrados bonos de 100 mil pesos para sus "chuchulucos" y comprarles carros del año.

Mientras esto pasa en el Poder Judicial, por otro lado en el Congreso del estado, los diputados presuntamente se van a quedar con 150 de los 500 millones que presupuestaron para obra pública en distintos municipios, pidiéndole a los presidentes municipales el moche del 30% de total del recurso asignados para ayuntamientos.

Ambos poderes privilegiaron intereses personales al dar un manejo discrecional y de beneficio propio al dinero público y se olvidan de atender a la clase más más desprotegida, entre ellos a los campesinos y no hay recursos para salud pública, para la adquisicion de uniformes gratuitos a educación básica, que está establecida por ley para beneficiar la economía de miles de padres de familia, para los pueblos índigenas, para los deportistas y menos para los pensionados que dieron parte de su vida al servicio público.

Así están las cosas en los poderes Legislativo y Judicial.

El presidente el Tibunal Superior de Justicia, Antonio de Jesús Jiménez se ha negado a dar a conocer el acta de pleno, donde se acordó la distribución de los excedentes y asegura vía su área de prensa que hasta que los diputados aprueben su cuenta pública sólo entonces y vía área de transparencia se entregará la información. 

Ambos poderes actúan bajo la opacidad, pues los diputados distribuyeron el fondo de obras de manera discrecional y sin criterios claros.