En medio de estas tendencias y de desastrosas administraciones, funcionarios, legisladores y el poder judicial, avalaron y crearon mecanismos  que destacaron por su opacidad y discrecionalidad

Para hablar de los fideicomisos comencemos por analizar uno de los ángulos de la corrupción: tan solo en el terreno económico, desde hace más de 30 años, la política económica ha tenido ligeras variantes, pero es claro que ha sido lejana al propósito de ver a la sociedad mexicana con mejores y mayores niveles de bienestar social y  económico, por el contrario, ha propiciado un crecimiento que no supera el 2.4 por ciento real del promedio anual. ¿A qué se debe? Pues a que en la historia reciente de nuestro país, económicamente hablando, muestra la forma en que el Estado condujo a anular de manera sistemática la capacidad productiva privilegiando el impulso del desarrollo general de manera subsidiaria, lo que impide aplicar recursos productivos y de inversión, sin  abonar en lo más mínimo al desarrollo industrial, el campo o las empresas, dejándolas prácticamente improductivas.

En medio de estas tendencias y de desastrosas administraciones, funcionarios, legisladores y el poder judicial, avalaron y crearon mecanismos  que destacaron por su opacidad y discrecionalidad, tal fue el caso de más de 320 fideicomisos: entidades creadas con la intención de llevar a cabo un fin lícito, para obtener desarrollo económico y social a través del manejo de recursos que son propiedad del gobierno federal y administrados por una institución fiduciaria. Todo parecería adecuado y favorable, el detalle está en que la gran mayoría de estos, carecen de mecanismos de fiscalización y seguimiento lo que ha sido muy provechoso por parte de funcionarios de administraciones pasadas y, a pesar de lo incómodo que resulta para AMLO, también de la actual.

La iniciativa de López Obrador que busca eliminar todos los fideicomisos dependientes de la administración pública y que incluso, en el Proyecto de Presupuesto de la Federación, incluye el texto sobre el destino de los mismos, merece un análisis más profundo, por encima de la controversia y desencuentros que ha generado en el Congreso de la Unión. 

Los fideicomisos son de gran utilidad según el fin para el que fueron creados, el problema radica en que su estructura ha sido utilizada en la mayoría de los casos para desviar recursos por el uso discrecional con el que se manejan al no ser auditables y manejarse con gran opacidad. Empero, no es correcto considerar que todos los fideicomisos representan un nicho de corrupción, esa apreciación es similar a la posición del presidente sobre las organizaciones campesinas. Se mide con la misma vara y se hace creer a la opinión pública que todos somos iguales.

Ante la postura de Andrés Manuel sobre el tema, lo real es la terrible obsesión por eliminar los fideicomisos sin ningún proyecto financiero que acompañe la propuesta, ¿Por qué? Pues sencillamente porque deja a la sociedad en completa incertidumbre sobre los recursos que, por cierto, de manera irresponsable, dice la Secretaría de Hacienda que se aplicarán para resarcir los daños económicos que ha dejado la pandemia.

Hasta esa postura puede derivar en corrupción. Eliminar los fideicomisos, “ahorrar” y destinar el recurso a programas sociales justo en año electoral, sería realmente tentador para muchos operadores de MORENA en la 4T; sobre todo aquellos que avanzan en una ruta electoral en sentido contrario al discurso de López Obrador.

Es compleja la situación de los fideicomisos, lo oportuno, antes de eliminarlos, sería realizar una revisión consciente de aquellos que realmente cumplen los objetivos para lo que se crearon, cuáles califican de manera positiva por el control, vigilancia y transparencia de los recursos y cuáles deben ser erradicados de manera definitiva. Incluso agregaríamos: ¿Qué fideicomisos se pueden mantener realizando los ajustes necesarios para transparentarlos dado su impacto en áreas como la innovación tecnológica o la financiera rural?

Hace unos días sobre este tema se pronunció una especialista con este argumento: “Algunos de estos fideicomisos nos dan cierto grado de seguridad a todos como mexicanos, por ejemplo el fondo para desastres naturales, con su existencia sabemos cuánto dinero hay en el fondo por sí el día de mañana hay una emergencia, sabemos que ese dinero está guardado y destinado para ese fin. Y eso nos da tranquilidad.” Ese es el espíritu del fondo, sin embargo habría que señalar la realidad del FONDEN pues ha sido uno de los principales fideicomisos sinónimos de corrupción que han enriquecido a muchos gobernadores, algunos de ellos en estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, etc. Bueno, incluso con cargo al FONDEN se pagaron supuestamente tierras a defraudadores que se hacían pasar como dueños en las tierras donde se construiría el NAICM durante la administración de Peña Nieto.

Ahora bien, los opositores a AMLO deberían reconocer que en el fondo es la corrupción, de la que por cierto se han beneficiado muchos de los señores de FRENAAA, aunque eso es mucho pedir. López Obrador (eso es todavía más complicado) debería reconocer que eliminar todos los fideicomisos es un error, sobre todo porque sabe que muchos de sus funcionarios caen en la tentación de hacer un mal uso de los recursos o, pensando positivamente, los funcionarios deciden cambiar el recurso de partida por lo que se deberá pensar en los candados que habría que ponerles, es decir, es necesario establecer mecanismos y lineamientos claros del manejo y que las auditorias sean transparentes, en el caso de que algunos puedan quedarse.

En caso de desaparecer todos, es indispensable considerar en los transitorios del dictamen como se cubrirá en el presupuesto del 2021 los rubros importantes e indispensables para garantizar el funcionamiento en las dependencias a donde se enviarán las obligaciones que cubrían los fideicomisos, principalmente los bianuales, como el Fopreden, Fonden, el de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el de atención a los enfermos de cáncer o VIH, entre otros,  que no pueden detener sus actividades por no contar con recursos.