Al margen de debates triviales, como el que se derivó del uso de la expresión “fuchi caca” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (refiriéndose a los corruptos) o llamar “ternuritas” a un grupo de opositores a su gobierno, existen acciones que merecen toda la atención y ser tomadas con seriedad por la opinión pública. La más notoria, la detención en Málaga, España, el pasado 12 de febrero, del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

Esta detención se suma a otras no menos espectaculares, como la de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), detenida el 13 de agosto de 2019, y otros personajes ligados a la también exjefa de Gobierno del entonces DF; entre los más notorios, el empresario Carlos Ahumada y Juan Carlos Lastiri, exfuncionario de Sedesol y Sedatu.

Otro tanto se puede decir de personajes ligados a quebrantos contra Pemex, como el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, en mayo de 2019, detenido en España por la venta con sobreprecio de una planta de nitrogenados a Pemex durante la administración de Lozoya. O de las órdenes de aprehensión giradas contra Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y otros funcionarios de la empresa Oro Negro, por administración fraudulenta y abuso de confianza, al mentir sobre el hecho de que los tenedores de bonos, la competencia y Pemex se coludieron para dañar a Oro Negro; estas declaraciones falsas las habrían utilizado en sus demandas contra la paraestatal para estafarla.

O como la investigación que se sigue contra el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, señalado en múltiples ocasiones por diversos actos de corrupción, nepotismo y desvío de recursos, del cual el más recordado fue el Pemexgate, del año 2000, para favorecer al candidato priista Francisco Labastida Ochoa.

No cabe duda que estas acciones abonan en favor de la credibilidad y capital político de la 4T. Dos hechos, sin embargo, deben redondear esta cruzada contra los corruptos (con o sin “fuchi caca”): primero, cuidar que no se den este tipo de corruptelas al interior de su gobierno y si llegara a ocurrir, aplicar la ley con todo rigor en contra de sus propios partidarios. Segundo, e igualmente importante, llevar estas acciones hasta las últimas consecuencias, entendidas como deslindar responsabilidades de las más altas esferas del poder.

Como señaló Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya (y reiterara más tarde Emilio Lozoya Thalmann, padre del detenido) el director de Pemex “no se mandaba solo”. Y lo cierto es que ninguno de los funcionarios que han sido vinculados a estos hechos se mandaba solo. El monto de lo defraudado hace imposible que se tratara de un hecho aislado en una oficina y que nadie fuera de ésta se hubiera dado cuenta.

De esta suerte, la corrupción en las más altas esferas del poder se vuelve un rastro de migajas que conducen invariablemente a Los Pinos. Ahora veremos si esta búsqueda de la verdad y de “devolver al pueblo lo robado” puede escalar hasta lo más alto de la pirámide del poder.