En octubre de 2018, la primera caravana migrante llegó a la frontera de México, al paso de Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, sobre el río Suchiate. Eran miles y querían pasar, continuar su camino al norte y llegar finalmente a Estados Unidos. El viernes 19, cientos acamparon en el puente internacional Rodolfo Robles. Aquel día, el presidente, Enrique Peña Nieto, que agotaba sus últimos días de mandato, dijo: "Un numeroso contingente intentó ingresar de manera irregular a territorio mexicano, agrediendo a elementos de la Policía Federal que, en estricta observancia de protocolos de derechos humanos, se encuentran desarmados. México no permitirá el ingreso de manera irregular".

A más de un año de aquello, la retórica del Gobierno no ha cambiado demasiado. Tampoco sus formas. O mejor dicho, han cambiado para volver, meses más tarde, a lugar de donde venían. En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia y en enero, el Gobierno empezó a repartir pulseras humanitarias, brazaletes que permitían a los migrantes transitar sin problemas por México. Una diferencia enorme respecto a la política del gabinete de Peña Nieto. Pero el tiempo y las presiones del Gobierno de Estados Unidos han obligado al Ejecutivo de López Obrador a dar marcha atrás.

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