El endurecimiento propuesto por el presidente mexicano implica un retroceso que entraña violaciones a la Constitución y a los derechos humanos
La propuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para trasformar el sistema de justicia en México ha sido recibida con duras críticas y preocupación entre los círculos de académicos y las organizaciones de la sociedad civil. En el centro de la discusión están las implicaciones que tendría el paquete de nueve reformas impulsado por el Ejecutivo sobre la presunción de inocencia y la independencia del Poder Judicial. Las propuestas incluso podrían contradecir a la Constitución, según los borradores que circularon horas antes de su llegada al Senado y cuya filtración llevó a los legisladores a posponer su presentación oficial hasta febrero.
"No impondremos normas que afecten los derechos fundamentales", dijo el miércoles el senador Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena, el partido gobernante, en la presentación de las iniciativas. La mala recepción de las propuestas y la falta de consenso que tienen dentro del Gabinete han ralentizado uno de los grandes pendientes de la Administración López Obrador. El ambicioso intento por reformar el sistema judicial ha tenido un inicio difícil. "Lo mejor es que todavía no se haya presentado", comenta Carlos de la Rosa, especialista en justicia penal y candidato a doctor por la universidad de Yale.
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