El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto dar un giro al sistema de justicia en México, endureciéndolo a través de un paquete de nueve reformas presentado este miércoles. Entre los cambios más relevantes están que los jueces y magistrados serán fiscalizados y nombrados por el Senado, y podrán ser juzgados penalmente si cometen actos de corrupción en tribunales especializados. Otro punto relevante es que se crea un Código Penal único: México tiene 32 códigos distintos, uno por cada Estado, lo que daba definiciones y castigos diferentes para delitos como el feminicidio.

Las reformas presentadas en el Senado han generado polémica en México dentro de diversos sectores judiciales, sobre todo por las implicaciones para la presunción de inocencia y las tareas de los jueces, lo que ha implicado que el Gobierno haya insistido en que no son definitivas. La propuesta implica una modificación de la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Ley orgánica del Poder Judicial, así como de otras cuatro leyes centrales en la procuración e impartición de justicia. Los alfiles del presidente han reconocido los lastres de la violencia, la impunidad y la corrupción y prometen un vuelco que ocupará la agenda legislativa en las próximas semanas. Los líderes parlamentarios de todos los partidos se abstuvieron de hacer comentarios hasta la presentación formal de las iniciativas, anunciada para principios de febrero.

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