Diversos colectivos de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres, y feministas firmaron un posicionamiento en el que instan a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar de oficio  y con perspectiva de género centros nocturnos y negocios de explotación sexual que ofrecen servicios en temporada de Covid-19.

Lo anterior para garantizar la seguridad para ellas, ya de por sí grave por la violencia sistémica y estructural, ya que ante estas condiciones de riesgo sanitario aumenta el temor por su seguridad.

También piden que investiguen la posibilidad de la comisión del delito de trata, así como la existencia de mujeres menores de edad, ya que esto representa violencia sexual, y de acuerdo al interés del bien superior de la infancia es responsabilidad judicial de las autoridades garantizar el bienestar de todas ellas.

En su posicionamiento señalan que esta investigación de oficio deberá garantizar la salud, y la seguridad jurídica para las mujeres en situación de prostitución que se encuentran brindando servicios en pandemia COVID-19, encontrándose en condiciones de riesgo sanitario, y de violencia sexual, u otros delitos como la Trata de Personas.

Pidieron a la Secretaría de Salud que inicie una investigación a estos establecimientos, y a su vez sancionarlos por incumplimiento a las normas establecidas por el Gobernador debido a la pandemia desde hace dos semanas.

"Del mismo modo, exigimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar una queja de

oficio por la normalización y la afirmación del estado de Tlaxcala en negar la posible comisión del delito y esperar una denuncia, manteniendo en alto riesgo a las mujeres en tanto esto ocurra".

Apelan a las autoridades federales, debido a que el alcance de estas redes es mundial, y dado que no

en todo el país existen refugios para este tipo de víctimas, "les solicitamos brindar protección, debida diligencia y atención integral, son importantes las acciones coordinadas entre todos los niveles para garantizar la atención adecuada".

También pidieron a los medios de comunicación impresos y digitales la responsabilidad para no reforzar los mandatos sociales machistas que fomentan la cosificación del cuerpo de las mujeres como un objeto que puede ser costeado como cualquier otro artículo o producto de mercado, que justifican así la violencia sexual hacia ellas y sus distintas expresiones incluida la prostitución y la trata con fines de explotación sexual como formas de violencia feminicida, pues más que informar sobre esta situación de riesgo han apoyado a la publicidad de estas actividades.

Así como un llamado a la opinión pública a no continuar reproduciendo este tipo de información que se presenta en redes sociales y medios, pues es una forma de difundir y contribuir a este tipo de actividades y posible delito de explotación sexual.