“Hay elementos que deben investigarse respecto a la participación del Ejército antes, durante y después de los hechos del 26 de septiembre, porque hay indicios de la colusión de elementos del Ejército, personas no la institución, con en grupo de Guerreros Unidos”, afirma Santiago Aguirre, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, a unos días de que se cumplan seis años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

El 12 de agosto pasado, los padres y madres de los estudiantes entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta con las directrices que se deben seguir en la investigación por la desaparición de sus hijos.

En el documento piden “detener y someter a proceso a los elementos del 27 batallón de infantería que incurrieron en falsedad de sus primeras declaraciones, que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos, que tenían vínculos con la delincuencia organizada y/o que por acción u omisión participaron en los hechos: siendo éstos al menos el capitán José Martínez Crespo, el teniente Joel Gálvez, el soldado Eduardo Mota.

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