Resulta extraño que mientras Alonso Ancira Elizondo, presidente de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), sujeto a proceso en España, apeló la orden de extradición que pesa sobre su cabeza, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, aceptó su traslado a México y manifestó su deseo de colaborar con las autoridades mexicanas.

Ambos son reos del mismo crimen. Lozoya, al frente de la paraestatal petrolera, fue señalado por el directivo de Odebrecht México, hoy sujeto a proceso, de haber recibido más 10 millones de dólares de parte de la empresa brasileña (diferentes versiones hablan de 12 y hasta 14 millones en sobornos). Ancira entregó 3.5 millones de dólares a una empresa fantasma, subsidiaria de Odebrecht, Grangemouth Trading Company, después de haber realizado la ventajosa venta de la empresa Agro Nitrogenados por 475 millones de dólares, cuya planta estaba parada desde hacía 14 años. En una operación posterior, Odebrecht entregó sobornos a diferentes empresas, con pagos que salieron de Grangemouth Trading Company.

Pero la aceptación de Lozoya de enfrentar a la justicia mexicana fue producto de una negociación que implica que Lozoya no pisará la cárcel o pasará fugazmente por ésta. Desde el 30 de junio de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) dio conocer que Lozoya “manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”. Su estatus de “testigo protegido” fue recalcado por el presidente López Obrador y reconocido por el líder de la mayoría en el senado, Ricardo Monreal, exaltando lo importante de sus delaciones.

Pero esta entrega se hizo considerando que Lozoya recibiría pingües beneficios por su confesión. Esta colaboración se basa en el criterio de oportunidad, contemplado en el artículo 257 del Código nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que el Ministerio Público puede desistirse de la acción penal, siempre que el colaborador denuncie a las personas que estuvieron arriba de él en la estructura criminal. Esta es la razón por la cual Rosario Robles, presa por la “Estafa maestra”, no pudo atenerse a este criterio, toda vez que trató de inculpar solamente a sus subalternos.

Por consiguiente, la llegada de Lozoya sólo pudo haber sido negociada a cambio de la entrega de su jefe máximo, el mismísimo expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Puede denunciar a otros personajes implicados en la trama de sobornos, pero no sería suficiente para justificar el “criterio de oportunidad”.

¿Cuál es el as en la manga del exfuncionario en desgracia? Se trata de grabaciones que confirmarían que la decisión final de llevar a cabo las cuestionadas operaciones no fue suya, sino de su superior. Estaríamos ante el mayor escándalo en la historia de la política de México: la acusación penal de un expresidente de México. O tal vez dos, si se acumula a este nombre el de Felipe Calderón.

Tan importante resulta para el gobierno mexicano, que se ha puesto especial atención en su seguridad. Recordemos que a su llegada se envió un vehículo señuelo para engañar a los medios y hacerles creer que Lozoya era trasladado al Reclusorio Norte. Pero el expolítico nunca pisó la cárcel: fue llevado a un hospital privado, so pretexto de padecer anemia y problemas del esófago.

De hecho, el propio presidente reconoció lo importante que es cuidarlo, ya que, además de sus achaques, podría estar en peligro de muerte debido a la información que ha empezado a revelar. Aunque, como siempre, la mayor importancia de Lozoya es política.