En la polarización política que atraviesa el país, pareciera que en la guerra que nos espera de aquí al proceso electoral de 2021, más que propuestas o discusión de agendas, lo que imperará será el incremento de los niveles de confrontación bajo la lógica de “a ver quién tiene más videos” que involucren a los adversarios en posibles actos de corrupción. Claramente estamos apenas en el comienzo de esta estrategia de “la guerra de los videos” que se irán filtrando paulatinamente, siempre cuidando el “timing político” del que suponen los orquestadores (de uno y otro bando) causará el daño preciso en el momento adecuado.

Andrés Manuel pretendió dosificar los efectos ligados al video y a las declaraciones de Lozoya, apegado a ese famoso “timing” que sin duda cimbró a muchos de los involucrados con la intención de señalar posibles corruptelas, tanto en el sexenio de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto. Por supuesto que existieron actos de corrupción en ambas administraciones, si bien muchos fueron conocidos y denunciados en su momento, otros más pasaron desapercibidos.

Pero a esta acción del presidente, correspondió la reacción de la oposición, esa que no basa sus actividades en presentar propuestas claras que se erijan como una alternativa ante políticas fallidas, o que acompañe y abandere causas de las muchas que existen en un país en crisis como el nuestro. La oposición no tiene más arma que la confrontación irracional o la estrategia de descalificar a López Obrador, y sí, también irán filtrando videos que involucren a personajes ligados al presidente recibiendo dinero como es el caso de Pío López Obrador aunque éste haya sido en 2015.

La corrupción (del latín corruptio y proveniente de corrumpere, es decir: echar a perder, descomponer, destruir, pervertir) ha sido estudiada ampliamente, sobre todo por los efectos negativos que conlleva, particularmente por el desgaste de las instituciones en su relación con los individuos y entre estos mismos. A esto hay que agregar la nula legitimidad política de los gobiernos que hemos padecido los mexicanos desde siempre. Por esa razón, es inconcebible que existan personajes como Felipe Calderón que se empeñen en desvirtuar acusaciones de corrupción o hagan frente a estas a punta de “tuitazos”, pero igual de lamentables son las declaraciones de Mario Delgado al señalar que los videos donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero, solo corresponden a una estrategia de la derecha corrupta para confundir al pueblo. ¿Qué necesidad de defender así lo indefendible? Más que una posición clara, pareciera que el Diputado solo busca quedar bien en Palacio Nacional y más cuando alzó la mano para dirigir a MORENA.

Ambos hechos, tanto el de Lozoya como el del hermano del presidente, deben ser investigados en estricto apego a derecho y bajo el principio de la presunción de inocencia, sin embargo nos encontramos ante una serie de descalificaciones cuyo objetivo está más encaminado a disminuir adeptos que a la búsqueda de justicia mediante los procedimientos y causes legales y todo, penosamente, bajo un vulgar cálculo electoral de cara al 2021. No debemos soslayar en los efectos negativos de la corrupción, mucho menos a pedir que se castigue a un solo bando, tampoco se trata de señalar en este espacio quiénes son y quiénes no son corruptos, porque quizá ese sea uno de los principales errores del presidente: colocar a la 4T en la bolsa de los que, según su óptica, no son corruptos y en otra a los que él considera que si lo son.

La corrupción está presente en ambos bandos, aún en la 4T, erradicarla no es tarea ni de un solo personaje ni de un par de años. Su erradicación depende de toda una reestructuración del Estado en la que se antepongan valores y principios tendientes a generar confianza hacia las instituciones. Esto como un primer paso, aunque se requiere más que eso. Un buen ejemplo sería que el presidente comenzara con un ejercicio de autocrítica en su gobierno.

Esa autocrítica podría aplicarse sobre uno de los argumentos que da López Obrador tras el video en el que aparece Pío; en su dicho, el presidente asegura que el el acto donde recibe dinero su hermano por parte de David León, no se trata de corrupción sino de una recaudación o de aportaciones para fortalecer al movimiento. Algo así como sucedió en la gesta revolucionaria donde el apóstol de la democracia Francisco I. Madero, personaje recurrente en los discursos de Andrés Manuel, recibió recursos de la Standard Oil Company para “fortalecer el movimiento”. 

Si así piensa el presidente, ¿Por qué ha atacado al movimiento campesino acusándolo de realizar “moches” a los apoyos de los programas sociales o los proyectos productivos? ¿Acaso las organizaciones campesinas no tienen derecho a recibir aportaciones de sus agremiados para fortalecer su movimiento como lo hizo Madero o como lo hace Morena? De la misma forma que sucede en el movimiento del presidente, también en los movimientos campesinos e indígenas se utilizan recursos para gasolina o para quiénes realizan un trabajo técnico operativo en la organización y que por cierto, se encontraba considerado en las reglas de operación de los distintos programas.

Dicho sea de paso, al igual que el mandatario solicita se investigue a fondo tanto a su hermano como a David León, nosotros mismos solicitamos desde hace dos años a la FGR, se investigara a fondo si existía algún desvío de recursos por parte de nuestras organizaciones. Si la respuesta sigue siendo NO, lo menos que se esperaría es que López Obrador se retractara de sus dichos contra nosotros.

En fin, más allá de los videos actuales y los futuros, así como las consecuencias que atraerán, los mexicanos no debemos distraernos de lo verdaderamente importante, estamos frente a varios acontecimientos que ponen en riesgo al modelo de país que aspiramos la mayoría. Hay una clara tendencia al interior del gobierno de privilegiar el modelo neoliberal imperante y que se hace latente en los megaproyectos de esta administración.

Al menos en el sector campesino, los avances son nulos, las políticas fallidas, la economía por los suelos y los pequeños productores en la ruina. Por lo tanto nos queda a los campesinos, ambientalistas e indígenas acuerparnos en un gran frente que desde hoy demande nuevamente diálogo con el presidente y se vaya construyendo un modelo agroalimentario más social y sustentable contrario al establecido por la 4T en lo que va del sexenio.

POR MARCO ANTONIO ORTIZ SALAS

SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.