En Tlaxcala prevalece sub-registro es particularmente grave en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, lo cual se debe no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, probablemente, autoridades estatales y federales manipulan y ocultan las cifras de incidencia delictiva.

La organización Causa en común publicó el informe “Sub registro: Crisis de denuncia y manipulación / ocultamiento de información”, en el que señala que, algunas entidades del país no registran estos delitos, y las autoridades federales, responsables de las cifras, no hacen aclaración alguna al respecto, abriendo el espacio a la idea de que estas entidades atienden eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan.

Aunado a ello, en 2020, la emergencia sanitaria inhibió la comisión de ciertos delitos (como el robo a casa-habitación) y dificultó aún más la realización de la denuncia

Dicho informe destaca el caso de Tlaxcala, pues, entre otros datos, reporta un número reducido de casos de violencia familiar, aún si se compara con otros estados que presentan un número reducido de registros. En el periodo de análisis, Tlaxcala sólo presenta 1% de los casos de violencia familiar que reporta Yucatán.

Las fuentes de dicho informe son las bases de datos de víctimas de delitos y de carpetas de investigación que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó al 20 de septiembre de 2020.

Dichas bases incluyen información de enero de 2015 a agosto de 2020, y se elaboran a partir de los reportes de las fiscalías estatales. En específico, se ocupó la base de víctimas para analizar homicidio, feminicidio, extorsión y secuestro. En cambio, debido a la falta de información en cuanto a víctimas, se tuvo que utilizar la base de carpetas de investigación para analizar robo con violencia, robo de vehículo con violencia y violencia familiar

Respecto al número reducido de registros de delitos, Causa en Común indica que algunas entidades presentaron un número muy reducido de delitos entre diciembre de 2018 y agosto de 2020, por ejemplo, Baja California Sur y Tlaxcala sólo reportaron cuatro feminicidios, en cada uno.

Además, Michoacán sólo presentó 15 registros de extorsión y Tlaxcala, tres y, en ese mismo periodo reportó únicamente 25 casos de violencia familiar.

Entre los datos que aporta Causa en Común, señala que en el registro del mismo número de reportes por asesinatos en meses consecutivos, Tlaxcala tiene nueve reportes de asesinatos en tres meses consecutivos (junio, julio y agosto de 2020); así como un reducido número de registros de feminicidios entre diciembre de 2018 y agosto de 2020, en comparación con el total de asesinatos de mujeres registrados en ese periodo, pues la entidad reportó 11% del total de los asesinatos de mujeres registrados como feminicidios (cuatro de 36).

Además, Tlaxcala registra el mismo número de reportes por feminicidio en los mismos meses de diferentes años: 0 registros por feminicidio en diciembre de 2018 y diciembre de 2019; 0 en enero de 2019 y enero de 2020; 0 en febrero de 2019 y febrero de 2020; 0 en julio de 2019 y julio de 2020.

También hay números duplicados de delitos registrados como el número de reportes de secuestro en el mismo mes del 2018, 2019 o 2020, pues reportó 0 registros de secuestro en diciembre de 2018 y diciembre de 2019; 0 en julio de 2019 y julio de 2020; y tiene un número reducido de registros de extorsión de diciembre de 2018 a agosto de 2020, pues Tlaxcala sólo presentó tres registros de extorsión.

En el delito de Violencia familiar hay un número reducido de registros de estos delitos de diciembre de 2018 a agosto de 2020, pues la entidad reportó 25 casos de violencia familiar y tiene un mismo número de reportes por violencia familiar en el mismo mes de diferentes años, al reportar 0 registros por violencia familiar en enero de 2019 y enero de 2020; 0 en marzo de 2019 y marzo de 2020.

Por ello, dadas las anomalías en las cifras de delitos, Causa en Común propone que debe detenerse y revertirse la actual tendencia hacia una mayor militarización de la seguridad pública, e implementarse un plan de desarrollo a largo plazo para las policías y fiscalías, con procesos transparentes y verificables.

También considera que deben brindarse cursos de capacitación a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva y establecerse mecanismos institucionales de supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, entre otras cosas.