La segunda ola de COVID-19 se está cebando en Estados Unidos, todos los días se rompe un nuevo récord de casos detectados y de muertos; la cifra total se eleva a 16.2 millones de enfermos y trescientos mil muertos, colocando a la nueva enfermedad como tercera causa de muerte en 2020, solo detrás de las enfermedades cardiacas (655 mil 351), del cáncer (599 mil 274) y muy por delante de los accidentes (167 mil 127). Esta semana, la administración federal aprobó el uso de emergencia de la vacuna creada por la farmacéutica Pfizer y se prevé que en un par de semanas se autorizará la vacuna de Moderna, con lo que comenzará la campaña de vacunación más intensa de la historia, porque tomará por lo menos un año para conseguir inocular a la mayoría de la población estadounidense.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, hace unos días firmó una nueva orden ejecutiva para disponer el cierre de comercios no esenciales para detener la ola expansiva de contagios, producida por las fiestas de Halloween a finales de octubre y las reuniones familiares en el Día de Gracias el pasado 26 de noviembre. La medida ha sido vigorosamente rechazada por los dueños de pequeños negocios como restaurantes y salones de belleza, que han sufrido el cierre de sus locales por más de siete meses y que ya no tienen reservas financieras o ayudas gubernamentales para sobrevivir.

En lo que se considera un movimiento social fuera de lo común, ya que la sociedad estadounidense se caracteriza por seguir las reglas y cumplir la ley, miles de negocios han permanecido abiertos retando a las autoridades y no importándoles la amenaza de multas de 5 mil dólares por cada violación; ésta rebelión está triunfando por el apoyo de los ciudadanos que han acudido en grandes cantidades a consumir a los restaurantes y bares y a comprar regalos navideños, sin importar el millón y medio de casos de COVID-19 y las más de 20 mil muertes en el estado.

En varios condados, los sheriffs encargados de hacer cumplir la ley se han rebelado también y se niegan a obedecer la orden del gobernador Newsom; por ejemplo, en el condado de Riverside, el tercero con más casos de COVID-19 en el estado, el sheriff Chad Bianco ha llamado la ley “ridícula e hipócrita” en clara referencia a que el gobernador fue visto departiendo en una fiesta de cumpleaños en Napa hace unos días. El sheriff Bianco ha sido enfático en varias entrevistas para señalar que de ninguna manera arrestará o multará a ninguna persona “que ejerciendo su libertad constitucional abra su negocio y trate de sobrevivir”, lo que de inmediato ha provocado aglomeraciones en calles comerciales y un sentimiento de triunfo sobre la “dictadura” de un gobierno estatal que no ha sabido transmitir la magnitud de la pandemia o ha subvalorado los daños a la economía y el como la necesidad es más grande que el miedo a enfermar.

El sheriff Scott Jones, que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley en Sacramento, la capital del estado y quien hace unos meses estuvo enfermo de COVID-19, también rechazó cumplir con la orden y adujo restricciones presupuestales y falta de personal, deseando que la ciudadanía se “comporte de acuerdo a las circunstancias” lo que por supuesto ha derivado en largas filas afuera de las tiendas, por lo que se puede deducir que la larga cuarentena ha hecho a los californianos perder el miedo a contagiarse y ha disminuido la solidaridad y la empatía con los enfermos, una respuesta psicológica al largo encierro, que ha provocado ansiedad, depresión y estrés en la mayoría de las personas y cuyas consecuencias apenas se están manifestando.

El gobierno estatal en California tiene un reto enorme por delante para tratar de mediar entre la emergencia sanitaria y la severa crisis económica y social que ha producido la pandemia, el gobernador se enfrenta a una crisis sin precedente con ciudadanos que no le creen y que no obedecerán sus órdenes. Una verdadera rebelión anarquista en el epicentro del capitalismo.