Investigadores, activistas y académicos locales y nacionales coincidieron en que el Estado y los gobiernos hacen poco o nada en materia de prevención y erradicación del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, lo cual es un negocio que abarca diversas esferas de la sociedad en los ámbitos local, nacional e internacional.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio, y como parte de la V Jornada de Prevención de la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual en Tlaxcala que organiza el Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, participaron en el conversatorio, “Las escuelas como espacio potencial para contribuir en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”.

Uno de los ponentes fue el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Luis Armando González Placencia, quien señaló que el gobierno “hace muy poco y eso tiene que ver con una dimensión estructural, porque efectivamente el problema no sólo es el tratante ni la persona que es tratada, sino la infraestructura que se genera alrededor, como una forma de turismo sexual, usando esa metáfora, en los hoteles, los table dance, y todo lo que genera recursos para los gobiernos”.

Además, dijo que existe una circunstancia en la que se encuentran involucrados, prácticamente cualquier persona y, “seguramente muchos que forman parte de los gobiernos, pues les es muy difícil entrar con todo a enfrentar este fenómeno si hay personas involucradas o gente importante del mercado y ciudadanos ejemplares, entre comillas, es difícil evidenciarlos, se podría hacer muchísimo más, pero los gobiernos se quedan en una intervención mínima

Por su parte, Laura Padilla Pelcastre, coordinadora del Área de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), reconoció que sí es poco lo que hace el gobierno del estado, “pero sí hace, pues a partir de 2017 ,en la entidad se generaron las unidades de igualdad de género en todas las dependencias, con el objetivo de que toda la estructura jurídica que hay, los convenios internacionales que el estado ha suscrito con la ONU, lleguen a la gente y a todos los ciudadanos, por parte de cualquier dependencia estatal”.

Indicó que, dentro de sus limitaciones, está trabajando con la idea de que no sólo sea letra muerta que cada una de estas dependencias atiendan esos temas y poco a poco se va incidiendo, “es cierto que el problema es complejo, urgen cosas no para hoy sino para ayer o para antier, pero se está avanzando, estamos en la dirección correcta y en la intención de seguir trabajando para poder cada vez generar mejores condiciones de vida para las mujeres”.

Mientras que Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, señaló que los gobiernos sólo simulan, hecho que han denunciado permanentemente, “es una simulación sistemática por parte de los gobiernos, desde 2006 hemos trabajado con propuestas ciudadanas para legislar, porque el delito no estaba tipificado.

“Hay una violencia institucional, los gobiernos se dice preocupado, firma convenios, sale a declarar públicamente, aprueba la legislación, pero la problemática no sólo continúa, sino que se agrava”, refirió.

Indicó que en 2008 el gobierno del Estado le pagó a Patricia Olamendi un estudio al respecto, donde se detectó que eran 25 municipios tlaxcaltecas donde existía la problemática de la trata, “en 2017 hicimos una metodología siguiendo esta reflexión y resulta que son 40 municipios con esta problemática, porque hay una inacción gubernamental, hay una simulación, es sólo una preocupación en el discurso, pero a la hora de aterrizar acciones esto no ocurre “.

Añadió que, vía acceso a la información, encontraron que en 2011 hubo 73 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de esa fecha a 2017 hubo 210 denuncias y sólo 13 sentencias, “es impresionante que más del 90% de las víctimas se quedó sin acceso a la justicia”.

Mientras que Ixchel Yglesias González Báez, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, mencionó que en los Estados y los gobiernos hay una simulación, porque hay un concepto que es el del delito económico organizado, el cual muestra cómo la organización empresarial delictiva se dedica a negocios que se vuelven legales,

“Y esto tiene que ver con una complejidad política y jurídica, y con la participación de profesionales y expertos con la participación de funcionarios estatales, lo que les genera una recompensa económica y genera también la impunidad tanto social como penal, de ahí que los delincuentes no sólo son los tratantes, los explotadores, proxenetas o prostituyentes”, acentuó.

Y agregó que también están involucrados quienes legislan, procuran y administran la justicia, “legalizar lo ilegal, normalizar la violencia y legitimar el delito tiene costos sobre la vida y el cuidado de las mujeres, los cuales se traducen en ganancias para las personas y para las organizaciones que se encargan de establecer los mecanismos legales para el control social”.

Entonces, reiteró, los Estados proxenetas se benefician del mercado de la sexualidad por eso se simula, porque lo utilizan como una especie de plusvalía para invertir, “los grandes negocios no se pueden sostener sin el aval y el apoyo de la política institucional, por eso no podría existir la trata ni la prostitución sin el aval del Estado”.

En el conversatorio enviaron un mensaje, el embajador de Australia en México, Remo Moretta y Diana Paola Olvera Feregrino, de la Funndación Hispanics in Philantropy.