El Movimiento de resistencia del pueblo de Ixtenco, acompañados por los integrantes de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso), acusaron a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de solapar a Miguel Ángel Caballero Yonca, presidente municipal de esa demarcación, quien ha sido señalado de cometer varias irregularidades en su administración.

Los inconformes señalaron que, a 2 años 7 meses "y hasta la fecha, el municipio de Ixtenco continúa en la lucha, ya que sigue siendo víctima de autoritarismo, corrupción, nepotismo, misoginia y extorsión por parte de Miguel Ángel caballero Yonca e integrantes del cabildo que lo han permitido, esto derivado del estado de ingobernabilidad, que a pesar de las denuncias interpuestas en las diferentes instituciones estatales, han hecho caso omiso".

Micaela Cristóbal Yonca, María Juana Patlani González y Hugo Mexicano Salvador, señalaron que el Ejecutivo y los diputados de la LXIII legislatura local, han omitido y permitido diversas peticiones y arbitrariedades al pueblo, ya que sólo han sido cómplices de represión desde el pasado 14 de marzo de 2018 "que no se olvida".

Indicaron que por la falta de sensibilidad y segregación por ser una comunidad indígena "hemos sido ignorados, discriminados por la indiferencia del estado y la federación, violando nuestros derechos en donde hemos sido motivo de burla de parte de autoridades que no aplican la ley, solapando y justificando su incapacidad, evadiendo su responsabilidad, ya que se han hecho las respectivas denuncias y únicamente han sido desechadas".

Los quejosos mencionaron que han sufrido violencia física, psicológica, económica, institucional y comunitaria, "vivimos con desconfianza, queremos seriedad, respeto, tranquilidad y no simulaciones, por eso exigimos que Miguel Angel caballero se haga presente ante el pueblo, que exista transparencia en los recursos, información verídica y no publicaciones a su conveniencia para dar una imagen falsa o por convenir a sus intereses".

Añadieron que la ingobernabilidad que priva en ese municipio ha traído consecuencias como represión hacia los principales opositores de la administración del alcalde, mediante calumnias, linchamientos y amenazas, robos y asaltos a casa habitación, en complicidad con la corporación policíaca del municipio, extorsión y asaltos a transportistas con armas de alto poder, chantajes a pobladores que solicitan algún apoyo o servicio, cerrazón de parte del Congreso y del gobierno del Estado, sin tener derecho de audiencia en ambas instancias, además de que las instalaciones de la presidencia municipal siguen en abandono y daño patrimonial.