A lo largo de la actual administración, el Canal Once ha efectuado todas sus contrataciones respetando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A través de un comunicado emitido por la televisora, se rechaza que mil 90 contratos fueran adjudicaciones a “empresas nuevas”, como se indicó en algunas notas publicadas en medios electrónicos de Tlaxcala.

Dichos contratos “no fueron adjudicados a empresas, sino a personas físicas que requiere contratar el Once para desarrollar su actividad, quienes realizan los servicios por ellas mismas, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico (contratación de free lance, productores, conductores, camarógrafos, analistas políticos, guionistas, iluminadores, tramoyistas, entre otros)”.

Se menciona que las actividades de Canal Once, que incluyen la preproducción, producción, postproducción y transmisión de programas de televisión, exigen de este tipo de prestadores de servicios para realizar las actividades propias del Canal.

Se añade que las adjudicaciones se realizan a través de un Subcomité de Adquisiciones, donde participan funcionarios del Once, del Instituto Politécnico Nacional y de la Secretaría de la Función Pública “y se realizan a través de una excepción a la Licitación Pública, con fundamento en el Art. 41 fracción XIV de la Ley de Adquisiciones”.

Asimismo, se asienta que las personas físicas adjudicadas cuentan con la capacidad técnica, material y de respuesta inmediata para la prestación de los servicios de referencia, dando cumplimiento a la normatividad aplicable.

El documento refiere que el Canal Once no ha asignado ningún contrato a persona física o moral en forma discrecional; todas sus adjudicaciones se han realizado en función al amparo de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se subraya que el director del Canal Once, José Antonio Álvarez Lima, no participa en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la televisora, y de igual manera tampoco interviene en las adjudicaciones que esta realiza para su actividad normal.

Es así que el Canal del Politécnico Nacional rechaza que se haya incurrido en irregularidades en la asignación de contratos por 101.57 millones de pesos, ya que este monto económico se manejó en estricto apego a la legislación vigente, respetando los lineamientos exigidos, y beneficiando a personas físicas y no a “empresas nuevas”.