Un grupo de abogados litigantes calificó como “un asco” lo que ocurre en el Tribunal de Justicia del Estado (TSJE), después de que se diera a conocer que el presidente de este organismo, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, junto con los demás magistrados se repartieron 10 millones de pesos, que fue un recurso devuelto por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por impuestos de todo el personal de ese poder.

En conferencia de prensa, los abogados inconformes señalaron que, por esas y otras anomalías el Congreso debe ser responsable y revisar la actuación de los magistrados, pero descartó que haya una denuncia penal contra el presidente del TSJE, porque tiene fuero y, en todo caso, se debe solicitar un juicio político, pero ellos no lo pueden hacer porque deben “legitimarse”.

Jerónimo Popócatl Popócatl magistrado en retiro, lamentó que Mario Antonio de Jesús Jiménez, “pues desde hace tiempo ha sido señalado de dejar en libertad a delincuentes”, por lo que hicieron un llamado al Congreso del estado, porque tiene facultad para revisar el desempeño del presidente del Tribunal.

Señaló que deben revisar si el magistrado presidente del tribunal, en su declaración patrimonial ha dado a conocer las propiedades que tiene y los múltiples gastos que hace “y eso de dónde sale, por eso optó por repartirse el dinero”.

Estela Sánchez García, una de las abogadas inconformes señaló que “es vergonzoso que a alguien a quien se le paga por un trabajo, se queda con dinero que no le pertenece, entonces se les paga a unos delincuentes (los magistrados) y los responsables son los diputados, porque ellos aprobaron las ternas no investigan a quien nombran al frente del Poder Judicial, porque se reúnen y ven sus intereses”.

Jerónimo Popócatl señaló que su pronunciamiento es “porque como se avecina el nombramiento del titular del Poder Judicial pues también le llamamos la atención a los magistrados, que son los únicos que tienen la facultad de votar para que razonen y analicen bien a cada uno de ellos o a los que quieran que ocupe el cargo, para que hagan una elección apropiada, porque la corrupción en ese Poder permea por todos lados y merma en la impartición de justicia”.

Respecto de se interpondrán ellos como abogados la solicitud de juicio político, dijo que es pertinente que los magistrados  elijan la elección ordinaria del presidente, que debe ser el uno de febrero, entonces “podremos exigir al Congreso y al gobernador del estado, que también debe tomar cartas en el asunto que esto se regule”.