Peligra vida de defensores de derechos humanos y periodistas: Fray Julián Garcés

El Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local, se unió a las voces de protesta por la propuesta del gobierno federal de eliminar el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ya que personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran en grave peligro.

El Fray Julián Garcés, como parte Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 86 organizaciones en 23 estados del país, suscribe el documento en el cual señalan que, México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas.

Indican que, tan solo en lo que va del año 2020, ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos, y organizaciones han señalado al menos 4 casos de periodistas asesinados. “Además, existe un claro discurso desde el poder ejecutivo que criminaliza y estigmatiza la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad, así como la libertad de expresión”.

Los organismos señalan que los defensores de dichos derechos, enfrentan un desafío mayor, porque el riesgo de que su vida se ponga en peligro, debido a que las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

El primero sirve exclusivamente para costear las medidas de protección designadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias; el segundo para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, todos ellos elementos importantes para que puedan salvaguardar su integridad personal y las víctimas accedan a la justicia.

La desaparición de ambos fideicomisos fue contemplada dentro del paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre, su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de los miles de víctimas en el país, así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México.

Los organismos señalan que la eliminación implicaría la incapacidad para adoptar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la urgencia que las situaciones de peligro exigen, así como financiar su costo y acceder a los recursos con la inmediatez que se requiere.

Además, la eliminación de los candados que evitaban que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas, por lo que, al pasar a manos de SEGOB, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción, así como la vulneración a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos, entre otras cosas.

 “La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha señalado que la eliminación del Fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas, de la cuales 418 son periodistas y 886 defensoras de derechos humanos, a las que actualmente brinda medidas de protección. El fideicomiso es el principal instrumento financiero para la implementación de las medidas urgentes para su protección, es decir, significa salvar vidas”, señalan.

Los organismos rechazaron que se use la pandemia de COVID-19 como argumento para su eliminación, porque en el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento, y violaciones de derechos humanos.